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La semana pasada, el tribunal de sentencia especializado en delitos económicos, integrado por Claudia Criscioni (presidenta), Yolanda Morel y Yolanda Portillo (miembros), se declaró incompetente para juzgar el ex jefe comunal de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos (PLRA, dionisista), procesado por lesión de confianza.
El tribunal tomó la determinación tras recibir la contestación de la Municipalidad de San Antonio, en la cual expresa que la administración actual no cuenta con ningún documento respaldatorio sobre los gastos realizados por Mendoza, debido a que antes de entregar el mando fueron derivados al tribunal de cuentas.
“El tribunal se declaró incompetente para continuar en la causa, alegando que se percataron de que el monto atribuido al acusado como daño patrimonial es menor al monto que la resolución de su conformación como tribunal especializado le habilita a dictar condenas”, explicó la fiscala de la causa, María José Pérez.
Dijo que la determinación fue adoptada a casi tres meses del inicio del juicio oral y público, que se inició el 1 de agosto, en puertas de la pericia ampliatoria del Ministerio Público como prueba admitida en el auto de elevación, en la cual se ampliaban los dictámenes periciales de auditoría contable.
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La causa fue remitida a la justicia ordinaria para un nuevo sorteo, a pesar de todo el caudal probatorio que ya se produjo, indicó la fiscala. Se espera que esta semana se defina el tema para que se pueda concluir el proceso al ex jefe comunal, iniciado en octubre de 2016.
La fiscala Pérez recordó además que la semana pasada el mismo tribunal rechazó la ampliación de acusación solicitada por el Ministerio Público, debido a que en el juicio oral surgieron elementos sobre presunto daño patrimonial ante posibles casos de sobrefacturaciones en obras escolares durante la administración del acusado.
“La semana pasada, este tribunal rechazó varios pedidos, como la ampliación de la acusación, como de la pericia de las obras y otras pruebas para mejor proveer, como ser oficios a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Municipalidad de Lambaré. Y días después se declara incompetente”, expresó María José Pérez.
La agente fiscal calificó de apresurada la determinación, debido a que la próxima semana se iba a producir la pericia ampliatoria. “Al menos debieron esperar los dictámenes conclusivos para tomar una determinación”, resaltó la fiscala.
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Mendoza está acusado por lesión de confianza por un supuesto daño patrimonial de más de G. 715 millones durante su primer periodo (2010-2015) en la administración de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El juicio oral y público se inició el 1 de agosto y se realizaron varias diligencias. Muchos testigos ya declararon, pero ahora todo queda en “foja cero”.
En enero de este año, el actual intendente, el liberal Santiago Aguilera, denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos a Mendoza por supuestas sobrefacturaciones en diferentes obras, pero hasta la fecha no se hizo ninguna diligencia.