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La Fiscalía tiene tiempo hasta el 29 de marzo del 2023 para concluir la investigación abierta al superproveedor Cristino Jara López, por supuesta producción de documentos no auténticos y otros, de acuerdo con la resolución del Tribunal de Apelación en lo penal, Primera sala. La fecha inicialmente establecida para presentar requerimiento conclusivo era el 29 de setiembre.
Para el efecto, los magistrados Gustavo Ocampos, Gustavo Santander y Andrea Vera Aldana revocaron una resolución dictada por la misma sala el 16 de setiembre último, ocasión en que declararon inadmisible la solicitud de prórroga extraordinaria formulada por el fiscal Silvio Corbeta, por extemporánea.
Contra la referida resolución, la fiscala Liliana Alcaraz presentó una reposición, mediante la cual solicitó que se revise el cómputo realizado. Esta situación permitió al colegiado corroborar que la presentación se hizo dentro del plazo legal y, en consecuencia, resolvió otorgar la prórroga extraordinaria requerida.
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Falta de diligencia para investigar al “superproveedor”
La camarista Vera Aldana cuestionó la falta de diligencia de la Fiscalía para investigar al procesado Cristino Jara, pues varias de las diligencias que se encuentran pendientes de realización a la fecha debieron ser realizadas anteriormente.
“(...) esta Magistratura observa que algunos de los actos de investigación mencionados anteriormente, verbigracia: testimoniales e informes, ya debieron ser diligenciados con anterioridad, pues se ha tenido tiempo para realizar los actos que hoy se solicitan; no obstante, atendiendo a la complejidad mencionada por el fiscal, ya que entiende que el diligenciamiento de pruebas pudieran arrojar otras calificaciones y conductas sobre delitos de corrupción pública y, sumado al volumen de documentos incautados a ser analizados, es prudente y razonable otorgar un plazo máximo de seis meses para la realización de los actos de investigación referidos en el pedido fiscal”, concluye Vera Aldana.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos (Udea) abrieron una investigación al octogenario Cristino Jara López, tras conocerse que el mismo figuraba como propietario de la firma Consultora San Miguel, que emitió facturas por un valor de G. 57.000 millones en el marco de 295 contratos firmados con el Estado paraguayo.
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Llamativamente, el elevado movimiento económico de la citada firma no condice con el estilo de vida del “superproveedor”, quien vive en una modesta vivienda ubicada en Itá.