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Flavio Julián Rivarola Olmedo acusó este jueves 29 de setiembre de 2022, de supuesto mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los jueces Sady Carolina Barreto Torres, María Ramona Melgarejo y Suzan Domenech, miembros del Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, por la presunta perpetración de los delitos de desacato, extorsión y violación del Art. 17 número 4 de la Constitución Nacional por reabrir un proceso penal fenecido y extinguido, según refiere en su escrito.
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La denuncia que es formulada en forma de acusación fue patrocinada por los abogados Lauro Diosnel Cardozo y Mario Duarte Corvalán.
Antecedentes del caso penal
Rivarola Olmedo refiere que la causa penal se inició el 27 de setiembre de 2009 por un hecho de robo agravado. Al no existir prueba ni evidencia de su participación en el hecho punible que le atribuyó el Ministerio Público, el juzgado de garantía de Carapeguá decretó su sobreseimiento provisional y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares. Previamente, la Fiscalía General por dictamen N° 60 del 21 de julio de 2011, se había allanado al pedido, refiere la acusación ante el JEM.
El denunciante refiere que estando en libertad, buscó y acordó un acuerdo reparatorio con una de las víctimas, María Angélica Barrios Bernal, a quien entregó G. 50 millones, que fue escrito en un acuerdo notarial del 10 de mayo de 2013, realizado ante la escribana María Elizabeth de López. En dicho acuerdo, se dispuso la extinción de la acción penal por acuerdo reparatorio con la víctima, que fue refrendada en el Auto Interlocutorio N° 133 del 29 de octubre de 2013, y se tuvo por abandonada la querella adhesiva.
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En la audiencia, el 29 de octubre de 2013 antes de la tramitación de un juicio oral, el fiscal de la causa de robo agravado Jacinto Martínez Insfrán había planteado la extinción de la acción penal con base en que la víctima había llegado a un acuerdo con el procesado Rivarola Olmedo.
El denunciante refiere que su causa penal ya se encuentra firme y ejecutoriada en calidad de cosa juzgada, por lo que la acción penal se encuentra extinguida por resolución judicial.
Con fines extorsivos
El denunciante acusa que la reapertura del proceso penal de robo agravado, luego de 13 años de haberse iniciado, es con “fines de extorsión y chantaje” porque los abogados de la supuesta víctima tienen el poder extinguido y la querella fue decretada como abandonada, por resolución judicial.
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“Sin embargo, ahora piden una reparación extorsiva de G. 50 millones, utilizando el Tribunal de Sentencia como un mercado y es más, cometiendo el hecho punible de extorsión grave utilizando el aparato jurisdiccional incurriendo en el delito de persecución de inocentes”, según dice el escrito de denuncia.
También agrega que a la supuesta maniobra extorsiva se prestan fiscales y magistrados.
Sin embargo, el denunciante no es claro en sus expresiones para determinar si son los abogados de la querella o son los miembros del tribunal de sentencia quienes le piden a Rivarola Olmedo, supuestamente, los G. 50 millones para que no enfrente el juicio oral y una eventual condena.