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Liz Torres, asesora jurídica del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), se constituyó ayer en la casa de Juan Báez, modesto poblador de la compañía Mbatovi, en el departamento de Paraguarí, que había denunciado un intento de despojo de la propiedad que ocupa junto a su familia por parte de la exviceministra cartista de Tributación Marta González Ayala y su esposo, Jacinto Santa María.
Don Juan ocupa hace tres décadas un excedente fiscal vecino a la ecoreserva de González y Santa María. La semana pasada, efectivos de la policía y militares llegaron hasta la casa del modesto poblador para destruir una habitación en cumplimiento de una orden judicial que había sido calificada de “arbitraria” por el juez Juan Carlos Zárate.
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Ayer la asesora jurídica del Indert, Liz Perla Torres, confirmó que dicho predio está a nombre de la institución.
“Es técnicamente una fracción fiscal, ya está inscripta a nombre del Indert con matrícula J017102, padrón 6.353″, detalló. De esa manera, descartó que el predio que ocupa la familia Báez pertenezca a Marta González.
“Es una fracción fiscal, que tiene salida a la ruta, y la propiedad del señor Juan y la parte demolida están dentro de esa fracción inscripta en el Indert”, recalcó.
La semana pasada se demolió una edificación construida por esta familia dentro de dicho terreno, que está en disputa desde hace más de una década.
El mandamiento de restitución de la posesión del inmueble (desahucio) lleva la firma digital de la jueza Sady Carolina Barreto Torres y tiene como benefactora a la exviceministra cartista de Tributación Marta González, con quien la familia Báez venía litigando por dicha finca desde hace más de diez años.
Adjudicación en 15 días del inmueble fiscal
Indicó que, revisando el expediente, encontró que ya había varias solicitudes realizadas sobre esta fracción y una de ellas es la del señor Juan Báez, cuyo expediente seguirá siendo estudiado.
“A partir de ahora se tiene que hacer un análisis, estamos llevando los datos técnicos, la ubicación... Uno de los requisitos es la posesión y calificar como beneficiario de la reforma agraria”, detalló.
En ese sentido, indicó que dentro de 7 y 15 días se tendría la adjudicación del inmueble, probablemente al señor Báez, y luego comenzaría el proceso de titulación. “El señor es el que está ocupando la casa. La casa demolida se encuentra, según estudios preliminares de la técnica, dentro de la fracción del Indert, no dentro de la finca de Marta González”, aclaró.
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Demolición en otro lado
En cuanto a la demolición, indicó que la Justicia debía haber ubicado dónde se encuentra la edificación antes de proceder a destruirla. “Mencionan la finca 5.248 (de González)... eso es (en) otro lado, se cometió un error. Un error que costó caro”, evaluó la funcionaria.
Don Báez contó que levantar la pieza destruida le costó aproximadamente G. 10.000.000 y hoy está hecha escombros.
En ese sentido, el afectado resaltó además que desde hace años la exfuncionaria cartista y su marido le impiden plantar dentro de la fracción fiscal que ocupa hace décadas. Lamentó que, además de la pérdida económica ocasionada con la demolición, tampoco les permitan generar ingresos para sustentarse.
Actuación “lamentable”
La presidenta del Indert, Gail González, cuestionó que no se haya pedido un informe sobre las tierras afectadas antes de ordenarse el derrumbe de la vivienda de la hija de Juan Báez.
“Mínimamente, cuando se trata de una zona rural no cuesta nada pedir un informe al Indert”, reclamó, calificando de “lamentable” la decisión de ordenar el derribo.
Daniel Fernández, abogado de don Juan, dijo que analizarán acciones legales.