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Ya en el 2009 Juan Báez había solicitado la propiedad fiscal del inmueble en el que estaba edificada su vivienda en la compañía Mbatovi de Paraguarí. Cada vez que iba al Indert, Osmar Escobar, quien era el asesor jurídico de la institución que llevaba el expediente, le daba la información de que el documento estaba desaparecido y que no se estaba ubicando, según afirmó Daniel Fernández, abogado de Juan Báez.
Aseguró que eso obligó a Juan Báez a volver a solicitar la propiedad fiscal en el año 2021. Pero para sorpresa, cuando se demolió su casa y la situación ganó estado público, al consultarle los medios de comunicación a la presidenta del Indert, Gail González Yaluff, el expediente apareció mágicamente.
“Es decir, nunca estuvo extraviado y siempre estuvo en movimiento”, cuestionó el abogado Fernández, agregando que aparentemente el expediente siempre se movía a pedido del abogado de Marta González, además de que también siempre recibían los documentos por parte del representante legal de la exviceministra cartista.
Por otro lado, contó que la asesora jurídica designada ahora por parte del Indert, Liz Torres, ya adjuntó el expediente del 2021 con el más antiguo del 2009 y va a resolver en relación al más antiguo.
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Juan Báez accionará contra todos los involucrados en el proceso
Daniel Fernández, abogado de Juan Báez, aseguró que tras la intervención del Indert y la confirmación de que el inmueble donde estaba radicada la vivienda de su cliente no pertenecía a Marta González, se da el camino para tomar las acciones judiciales pertinentes.
Afirmó que buscarán el resarcimiento correspondiente, además de que la acción se presentará contra todas las personas que intervinieron desde el inicio del interdicto de obra nueva, que serían dos juezas de la circunscripción de Paraguarí y un oficial de justicia.
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Calificó como “gravísimo” el error en el procedimiento. Don Báez contó que levantar la pieza destruida le costó aproximadamente G. 10.000.000 y hoy está hecha escombros.
El afectado resaltó además que desde hace años la exfuncionaria cartista y su marido le impiden plantar dentro de la fracción fiscal que ocupa hace décadas. Lamentó que, además de la pérdida económica ocasionada con la demolición, tampoco les permitan generar ingresos para sustentarse.