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Durante la audiencia pública realizada esta mañana en la Cámara de Diputados sobre la Ley Nº 6628/2020, que establece la gratuidad en los aranceles de la educación superior, más conocida como “Ley de arancel cero”, varias autoridades de universidades públicas, estudiantes y representantes del Ministerio de Hacienda y la Itaipú Binacional, debatieron acerca del tema.
La convocatoria fue realizada por el Frente Parlamentario, presidido por la diputada Kattya González. En la oportunidad, varios decanos y rectores de distintas facultades, cuestionaron que el dinero con el que se sostiene la herramienta legislativa es insuficiente, lo que va en detrimento de la calidad de la educación.
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La Ley de arancel cero es financiado con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Recursos son insuficientes, reclaman
Durante el debate, la decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Viviana Ríos, indicó que desde hace dos años -tiempo en que se implementó la ley de gratuidad- vienen con problemas acuciantes que pone en duda el funcionamiento de la unidad académica. “Operamos con el 19% inicial. No podemos ni pagar la luz”, enfatizó.
Ríos refirió que tienen presupuesto cero para infraestructura y, que en la filial de Santaní, por ejemplo, los estudiantes dan clases bajo árboles. A esto sumó, la falta de rubros docentes.
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Por su parte, el vicerrector de la UNA, Miguel Torres, agregó que en 2021 recibieron solo el 65% de los recursos de Fonacide en concepto de arancel cero, mientas que este año, aún faltan G. 29.867 millones.
Su par, Simón Benítez, de la Universidad Nacional de Villarrica, refirió que la ley genera una falsa expectativa y que va en detrimento de la calidad educativa. “Tenemos que replantear la Ley de Arancel Cero”, opinó Benítez.
La decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, Cynthia Sauceso, coincidió con el reclamo de falta de recursos.
Comentó que poseen cinco carreras acreditadas y es muy difícil mantener la calidad de la educación. “El uso de la electricidad y los equipos cuestan caro a la facultad y tenemos que solventar con fuente 30″, remarcó.
Buscar alternativas para sostener la gratuidad, mencionan
La rectora de la Universidad Nacional de Itapúa, Nelly Monges, indicó por su parte, que lo fundamental es buscar políticas públicas que fortalezcan a la educación, porque “no pagar aranceles” representan un punto de tantos que se deben tener en cuenta.
Monges añadió que aspectos como conectividad, transporte, entre otros, también deben ser atendidos por el Estado paraguayo. ”Tenemos que trabajar en un plan de mejoras porque no podemos alcanzar los niveles de infraestructura e investigación que necesitamos”, dijo.
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A lo comentado por la decana, se sumó lo dicho por el representante estudiantil, Fernando Caballero. El universitario urgió buscar una alternativa a Fonacide, resaltando que este tiene fecha de vencimiento.
Caballero agregó que es necesario plantear mejores becas y subsidios para estudiantes, no solo para dejar de pagar cuotas, sino también para solventar sus gastos de subsistencia.
Hay un descenso en las transferencias de Fonacide, dicen
Claudio Vázquez, director del Tesoro del Ministerio de Hacienda, explicó que desde el 2018 al 2022 hay un descenso del 47% en la transferencia de los recursos de Fonacide, debido a la baja producción energética de Itaipú. Esto genera un desfasaje entre el presupuesto del plan financiero y lo que transfiere la binacional.
“El descenso del Río Paraná repercutió en menores recursos para Fonacide. G. 51.000 millones fueron transferidos a las universidades a la fecha y hemos visto que los recursos no son suficientes”, afirmó Vázquez.
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