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Néstor Arévalo Zorrilla, juez de ejecución penal de San Pedro, está convocado a presentarse ante el juez de San Pedro Nelson Mercado Rotela, hoy a las 10:00, en la causa derivada del traslado irregular de narcos a una granja VIP “mau” en dicha localidad. Es la 16ª convocatoria para realizar la audiencia preliminar en la que se debe resolver si el exmagistrado afrontará juicio oral y público por frustración de la persecución y ejecución penal y cohecho pasivo agravado.
La fiscala María Irene Álvarez, de la Unidad Especializada en Antisecuestro y Antiterrorismo, acusó y pidió juicio oral y público para el juez Néstor Arévalo Zorrilla y también para el exdirector de la cárcel de Ciudad del Este, Alberto Ramón Orella Notario. La audiencia preliminar para el exdirector ya se hizo y a la fecha, está pendiente el juicio oral y público.
El 17 de junio de 2019, al día siguiente de la masacre del Primer Comando Capital (PCC) contra el clan Rotela que ocurrió en la población penal común de la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyú, se descubrió que Víctor Brítez Aranda, alias “Chapaló” vivía en una granja VIP “mau” fuera del recinto penitenciario. Chapaló, quien está en prisión desde 2014 cumple una condena de 26 años por narcotráfico y otra de 3 años, por lavado de dinero.
En el referido lugar, construido con recursos de los narcos y a espaldas de las autoridades del Ministerio de Justicia, los narcos Chapaló y Tranquilino Giménez vivían con total libertad, salían de vacaciones y hasta frecuentaban locales nocturnos de la zona. Según los datos manejados por los investigadores, los narcotraficantes usaban como secretarios a otros dos presos, tenían vehículos, salían de vacaciones solos o con sus familias e incluso los fines de semana visitaban los principales locales nocturnos del segundo departamento.
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Según acusación, juez pidió colaboración para su club deportivo
La acusación contra el magistrado revela que conversaciones vía Whats App entre uno de los narcos que vivían en la granja y terceras personas revelan que el juez Arévalo habría solicitado 3 mil dólares como colaboración para “su club”, que sería el Deportivo Santaní, puesto que en la época Arévalo era el presidente.
“Con ello, el juez penal de ejecución Néstor Arévalo Zorrilla buscó arrogarse un beneficio indebido adicional no autorizado por la ley a cambio justamente del ejercicio de sus funciones, a sabiendas de que el pedido formulado facilitaría la movilidad del condenado, quien no podía ser beneficiado con dicha circunstancia, tomando en consideración el tiempo en que fue condenado, 21 años de pena privativa de libertad”, señala la acusación.
Tranquilino Giménez, quien cumplía condena de 21 años de cárcel por narcotráfico, fue trasladado posteriormente a la cárcel regional de Ciudad del Este, donde fue ejecutado el 27 de agosto del 2019. Llamativamente eso ocurrió después de que el recluso anunció que denunciaría a una rosca de funcionarios corruptos.
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Juez otorgó beneficio irregular al narco Chapaló
La acusación destaca que el 3 de mayo del 2019, Arévalo ordenó el traslado de Chapaló a la granja VIP “mau”, en el marco de un “incidente de salida o de régimen de semi libertad”, impidiendo con ello que el narco cumpla la pena de 26 años de cárcel que tenía por narcotráfico.
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La fiscala Álvarez precisa que Arévalo dispuso el traslado “en conocimiento de que dicha situación no era posible, ya que el citado reo fue condenado a una pena privativa de libertad de 26 años y sólo había cumplido 5 años privado de libertad, por lo que a todas luces era improcedente el pedido y así lo ha dictaminado la agente fiscal interviniente al momento de dictaminar al respecto”.
Granja VIP no figuraba ni en proyecto del MJ
La investigación fiscal destaca que la granja VIP era una construcción clandestina que estaba detrás del penal, fuera del recinto penitenciario, y se comprobó que los internos condenados por narcotráfico fueron los que construyeron el lugar y lo amueblaron a su gusto.
Además, se comprobó que la penitenciaría de San Pedro no contaba con un proyecto del Ministerio de Justicia aprobado de un lugar a utilizarse com tal.
“Dicha edificación pequeña, denominada “Granja El Porvenir” , nunca contó con la habilitación de las autoridades del Ministerio de Justicia, estaba fuera del perímetro del muro del recinto penitenciario pero dentro del inmueble perteneciente a la institución, lo que le permitiría al condenado Víctor Brítez Aranda movilizarse de un lugar a otro y de ese modo, incumplir con la condena impuesta”, explica la agente fiscal.