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En cumplimiento a esta resolución agentes militares y de la Policía derrumbaron ayer la precaria vivienda del humilde poblador Juan Báez, quien junto a su familia hace más de 30 años ocupa un excedente de 16 hectáreas, que reclaman como suyo la exviceministra de la SET Marta González y su esposo Jacinto Santa María.
La resolución de la jueza Sady Barreto se sustenta en el fallo del interdicto de obra nueva, que si bien resultó favorable a la exviceministra de Tributación de Horacio Cartes, fue calificada como arbitraria por el juez Juan Carlos Zárate, presidente del Tribunal de Sentencia Unipersonal, quien el pasado 5 de setiembre absolvió de culpa y reproche a la directora y el periodista de ABC Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, en ese orden, del juicio promovido por Marta González y su esposo.
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Además el inmueble que ocupan Juan Báez y familia en la compañía Mbatovi de Paraguarí no tiene número de finca, ya que se trata de un excedente, y es reconocido con el padrón N° 6353. Es decir, la jueza Sady Barreto ni siquiera confirmó los datos del inmueble que ocupa la familia Báez para ordenar el derrumbe de la vivienda y el desalojo de sus ocupantes.
Otro “error” que cometió la jueza es haber ordenado la destrucción de la vivienda, ya que el fallo del interdicto de obra nueva se refiere a las casillas que Juan Báez construyó en el excedente fiscal, no sobre la casa familiar.
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El ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Dr. Antonio Fretes, y el Jurado de Enjuiciamiento deben investigar de oficio el actuar de la jueza Sady Barreto.