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La fiscala María José Pérez, quien lleva adelante el proceso por lesión de confianza al exintendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos, apeló varias decisiones del Tribunal de Sentencia y se prolonga el juicio oral y público que se inició el 1 de agosto pasado.
El tribunal, integrado por Claudia Criscioni (presidenta), Yolanda Morel y Yolanda Portillo (miembros), no admitió el pedido del ministerio público de ampliar la acusación para incluir daño patrimonial por sobrefacturaciones en obras de dos escuelas, con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
La agente fiscal también solicitó al colegiado que libre oficio comisivo al perito auditor de la fiscalía para que perite sobre los respaldos de las fotocopias de facturas que presentó el exjefe comunal de San Antonio para justificar los cheques, como prueba de mejor proveer.
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Se pidió además librar oficios a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para verificar la autenticidad de los timbrados de las facturas y declaración del contribuyente, como prueba de mejor proveer, y a la municipalidad de Lambaré para que informe si comercial San Miguel contaba con patente de habilitación para proveer alimento escolar.
La fiscala dijo que este pedido obedece a que recién esta semana se le corrió al perito del ministerio público las fotocopias de una factura que presento el acusado, Raúl Isaac Mendoza, como respaldo.
Rechazo del Tribunal de Sentencia
“La fiscalía solicitó varias diligencias al tribunal de sentencia, pero no fueron admitidos y tuve que apelar, porque son muy importantes para el caso, la verdad que esta actitud compromete la imparcialidad del colegiado”, expresó la fiscala Pérez.
Agregó, que también se solicitó la verificación de documentos que avalen los gastos del periodo investigado 2010-2015, como también la exclusión probatoria de la pericia caligráfica que produjo la defensa, abogado Meneleo Insfrán Riveros, con el perito de parte, sobre fotocopias de cheques y otras fotocopias agregadas al expediente, y que el tribunal admitió como pruebas.
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“El tribunal de sentencia violentó todas las reglas de la pericia caligráfica, al admitir pericias realizadas sobre fotocopias y rechazó el pedido del ministerio público y ahora esperamos que el tribunal de apelaciones de Central defina el tema”, expresó la agente fiscal.
Mendoza Ramos fue acusado por el supuesto delito de lesión de confianza y se menciona un daño patrimonial de más de 715 millones de guaraníes de los recursos de Fonacide. Funcionarios del Ministerio de Hacienda declararon ante el referido tribunal y se ratificaron que se mal utilizó dichos recursos.
El juicio oral y público a Mendoza arrancó el 1 de agosto pasado, ya van dos meses y la sentencia se demora por recargo de trabajo del tribunal, que lleva otros sonados casos, como el de Mario Ferreiro y los sucesivos incidentes.