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Datos del sistema satelital Global Forest Watch (GFW) muestran que desde 2004 hasta 2020, se han perdido 376.246 hectáreas de cobertura boscosa en la región oriental de Paraguay. Una superficie 32 veces más grande que Asunción.
El GFW es una plataforma internacional de acceso público, que reporta alertas de deforestación, de incendios y focos de calor a nivel mundial. Es una iniciativa de organizaciones internacionales, universidades de Estados Unidos y Google.
En Paraguay, el Instituto Forestal Nacional (INFONA) hizo acuerdos con esta plataforma para utilizar su tecnología y tener datos más precisos respecto a estos fenómenos.
Según lo que se puede observar con los alarmas de deforestación, Paraguay presenta desde enero a agosto de este año 1262 alertas de deforestación en todo el país, juntando las regiones occidental (Chaco) y oriental.
Vigencia de la ley de “deforestación cero”
En esta última región, la cuestión es más dramática, ya que desde 2004 está en vigencia la ley conocida como “de deforestación cero”, que prohíbe cualquier tipo de desmonte de bosques o transformación de suelo.
Las comunidades indígenas y las áreas protegidas como las reservas naturales y parques nacionales son los puntos donde más se ven las alertas.
En ambos casos, la cuestión se agrava, ya que son territorios que por ley y por la propia constitución nacional, deben ser respetados, especialmente, lo concerniente a las tierras de las poblaciones indígenas.
En el caso de las comunidades de los pueblos originarios, los desmontes tienen que ver con plantaciones. En lo relacionado a las áreas protegidas, la cuestión es mucho más complicada, ya que las deforestaciones guardan relación directa con las plantaciones ilegales de marihuana.
En la reserva San Rafael, ubicada entre los departamentos de Itapúa y Caazapá, los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) trabajaron en agosto pasado en un amplio operativo que terminó con la destrucción de 5.500 kilos de marihuana. Anteriormente, en mayo de este año, la fiscalía destruyó diez hectáreas de hierba.
Este mismo problema se presenta con otras áreas protegidas como la Reserva Mbaracayú o el Parque Nacional Caazapá.
Fracaso de la Fiscalía
A pesar de toda esta situación, la justicia no ha actuado en la cuestión ambiental en el país.
La Fiscalía General del Estado no ha logrado la condena de ningún responsable importante de estas deforestaciones.
En los últimos ocho años, el Ministerio Público imputó apenas en el 9% de las causas abiertas por delitos ambientales investigadas por los fiscales.
En Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú, tres de los departamentos más golpeadas por la deforestación, el Ministerio Público logró elevar a juicio oral siete casos de 605 procesos abiertos, sobre 833 denuncias recibidas por delitos ambientales entre 2018 y 2022. El fiscal adjunto encargado es Humberto Rosseti.
Exceptuando estos departamentos, el Ministerio Público reporta que desde 2015 hasta julio de este año abrió 8.316 investigaciones relacionadas a delitos ambientales. De esta cantidad, se llegó a 774 imputaciones en ese periodo.
La Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez desde marzo de 2018, tiene una unidad especializada en delitos ambientales que funciona desde 2007. El actual fiscal adjunto en delitos ambientales es Augusto Salas.
Aldo Benitez Leguizamón - aldo.leguizamon@abc.com.py