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El 27 de abril de 2022 el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Jorge Bogarín Alfonso, por disposición de sus miembros tomada en sesión ordinaria, resolvió realizar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de un supuesto caso de “apriete” del que habría sido víctima el juez penal de garantías de Hernandarias, Nelson Ojeda Quintana.
La particularidad de este caso es que la presunta coacción al magistrado habría provenido del mismo Jurado, según denunció públicamente Ojeda Quintana, tras ser destituido por no prestarse supuestamente a las intenciones de coerción.
El exmagistrado Ojeda Quintana había denunciado públicamente tras ser destituido el 1 de abril de 2022 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que algunos miembros de este órgano sancionador le habrían querido imponer que firme una resolución como si fuera que fue él quien la redactó, para favorecer al Ministerio Público en un caso de lesión de confianza y estafa en la que estaba involucrada una empresa de agronegocios.
Sin embargo, hechas las averiguaciones en el Ministerio Público, manifiestan que no tienen conocimiento de la causa denunciada de “apriete” ni mucho menos saben si algún fiscal fue asignado para investigar la denuncia de coacción, dirigida en contra el ahora exjuez Ojeda Quintana, y que provendría del Jurado de Enjuiciamiento.
En su escrito de denuncia del 27 de abril de 2022, el JEM había solicitado al Ministerio Público cuanto sigue: “Conforme a la decisión tomada en la sesión ordinaria del 19 de abril de 2022, me permito poner a consideración de Vuestra Excelencia, analizar la viabilidad de la apertura de una causa penal en relación con el hecho denunciado por el entonces magistrado, si considera pertinente y los elementos existentes así lo ameriten, a fin de salvaguardar la imagen institucional, en aras de la transparencia que se pretende sostener como eje principal en el desarrollo de las funciones de esta institución”.
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La remoción dispuesta por el JEM
El diputado liberal y miembro del JEM Rodrigo Blanco Amarilla se había constituido en primer opinante en la sesión en la que argumentó por la destitución del juez Nelson Ojeda Quintana.
Alegó que el juez no fundamentó la medida de urgencia en el régimen de convivencia para favorecer al padre del niño, no acreditó además la urgencia del caso incurriendo con ello en falta de argumentación sobre la medida que dispuso.
Se adhirieron al voto de Blanco Amarilla los miembros senador liberal Fernando Silva Facetti, diputado colorado Hernán Rivas, el senador colorado Enrique Bacchetta, Mónica Seifart de Martínez y el presidente del Jurado Abog. Jorge Bogarín Alfonso.
El ministro de Corte Manuel Dejesús Ramírez Candia votó en solitario por el apercibimiento. Sostuvo que Ojeda Quintana no actuó con parcialidad a favor del progenitor porque en la sentencia le negó la pretensión del padre del niño.
El antecedente del “apriete”
La causa en la cual se le envió la resolución redactada al entonces juez Ojeda Quintana es en el marco de una investigación que se inició por los supuestos hechos de estafa y lesión de confianza que involucran a varios directivos de una empresa de agronegocios.
Ojeda explicó: “El 1 de marzo de este año, por los mismos argumentos que me habían iniciado el enjuiciamiento me removieron, pero esta no fue la causa. En mi Juzgado, a mediados del mes de diciembre (de 2021) se abrió una causa bastante grande por lesión de confianza y estafa. La fiscala Claudelina Corvalán imputó en principio a diez personas. Cuando devolví la imputación por su redacción imprecisa, al contestar, acomodó los hechos y agregó a una persona más en la imputación”.
“En esa causa supuestamente hay perjuicios millonarios en dólares, relacionados a empresas dedicadas a agronegocios”, agregó Ojeda Quintana en una entrevista a nuestro diario hace unos meses.
En este proceso penal, después de varias correcciones realizadas por la fiscala Claudelina Corvalán, se aceptó la imputación contra los denunciados, pero la defensa planteó un incidente de prescripción, incidente de nulidad del acta de imputación y pedido de falta de acción contra la querella adhesiva.
Fue ahí que se le envió la resolución redactada al juez Nelson Ojeda por intermedio del abogado Luis Gallardo, quien es su amigo, para resolver a favor del Ministerio Público.
Al no firmar la resolución enviada, supuestamente y como represalia, Ojeda Quintana fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el marco de otra causa en la cual había dictado una medida cautelar que no llegó a ser aplicada.
Luego, la causa fue derivada al juez penal de garantías Amílcar Marecos, quien fue designado como interino para firmar íntegramente la resolución prefabricada, incluso con errores ortográficos.
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Enjuiciamiento amañado
“En el enjuiciamiento hubo muchas irregularidades, también de la causal del supuesto motivo que determinó que se configuraba el mal desempeño por el cual se destituyó al juez Ojeda Quintana. La acción ya está promovida, se presentó la acción de inconstitucionalidad. Desde el punto de vista jurídico, en cuanto a las inconstitucionalidades que existen en la sentencia, el caso es una cuestión fácil de resolver. Las irregularidades son muy categóricas y es muy fácil de apreciar la arbitrariedad”, puntualizó el abogado y exministro de Corte Luis Lezcano Claude, quien planteó la acción ante la Corte para intentar reponer en funciones al juez removido.