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Según un informe elaborado por un técnico independiente a partir de datos obtenidos en una planilla de trabajo del programa, y arrimado a la Junta Departamental de Itapúa (JDI), se sobredimensionó el uso del combustible utilizado en los tractores que realizan las tareas de preparación de suelo para la siembra.
Un cuadro comparativo arrimado a la Junta determina cuánta cantidad de combustible se estará asignando de más a los distintos distritos que están dentro del programa de asistencia.
“Yo soy agricultor, sé cuánto combustible gasta un tractor por una hectárea y no pasa de 10 litros”, sostuvo el concejal departamental Ariel Franco (PLRA), del distrito de Yatytay. De acuerdo a los cálculos, el promedio establecido por la Gobernación sería de 23 litros por hectárea.
A esto se suma el presunto descontrol en el empleo del combustible. De acuerdo a lo señalado por Franco, pequeños productores del distrito de Mayor Otaño le hicieron llegar denuncias de que el programa Ñemity en ese distrito es manejado por el exintendente de Otaño y precandidato a concejal departamental, Pedro Chávez.
Según dijo, este político emplea en su establecimiento agrícola el combustible que debería llegar a los pequeños productores.
El programa Ñemity es un convenio entre la Gobernación de Itapúa y la EBY, mediante el cual la binacional brinda al gobierno regional los recursos para su administración en el financiamiento de asistencia a pequeños productores agrícolas.
Para este año el monto asignado fue de G. 6.700 millones. Un primer desembolso de G. 3.350 millones (la mitad) se realizó el 12 de julio pasado, en un acto cumplido en Capitán Miranda, con presencia del director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, el gobernador Cristian Brunaga (ANR cartista) y los oficialistas senador Juan Afara y diputado Colym Soroka.
El programa es fiscalizado por la EBY, pero esta fiscalización está sospechada de manejo en base a criterios y alianzas políticas, antes que en la observancia de un uso transparente del dinero público. Un hecho denunciado y nunca esclarecido fue la contratación directa de un sistema de rastreo por GPS por el que se pagaron tres veces más caro de lo que estaba presupuestado.
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A raíz de la situación, la JDI solicitó un informe sobre la ejecución del programa al Ejecutivo departamental, pero a más de una semana del pedido, todavía no tienen respuesta, confirmó el concejal Carlos Pereira (PLRA).
Qué dice coordinador de Ñemity
El coordinador del programa Ñemity, Juan Esteban Ramírez, negó el sobredimensionamiento en el uso de combustibles. Cada tractor es monitoreado, con un registro del uso de combustible y el trabajo realizado en cantidad de hectáreas. Este informe se debe rendir a la EBY, como condición para recibir el segundo desembolso.
La planilla que habría sido utilizada para el cálculo contiene información parcial. Cada semana, los lunes, se entregan los vales de combustibles a los encargados de los tractores, y estos tienen que hacer un informe de la cantidad de hectáreas trabajadas. Dos técnicos, uno para cada zona, fiscalizan las tareas, sostuvo.
Respecto del caso Otaño, sostuvo que es imposible que el combustible sea empleado en otro destino que no sea el del programa, porque esto se evidenciaría en el informe técnico sobre la cantidad de hectáreas trabajadas.
Ramírez señaló que están finalizando la primera etapa del programa, y están elaborando el informe que deben presentar a la EBY para acceder al segundo desembolso. Ese informe debe ser aprobado para acceder a la segunda etapa, dijo.
Refirió que la Gobernación tiene 59 tractores trabajando, de los cuales 43 son del parque propio, y los otros son aportados por los municipios beneficiarios.
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Para esta primera etapa del programa, que está concluyendo ahora fueron empleados unos G. 640 millones en el rubro combustibles, y fueron trabajadas unas 5.584 hectáreas, sostuvo. El plan para este año es de 10.000 hectáreas aradas dijo. Acotó que hasta la fecha (19 de septiembre) tienen utilizados 109.120 litros de combustibles.
Ramírez dijo además que no recibió ningún pedido de informe de la Junta Departamental, pero que dispone de los registros al día para exponerlos a consideración. Es el mismo informe que están elaborando para su presentación ante la binacional.