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La jueza penal de garantías Cynthia Paola Lovera Brítez dispuso la reapertura de una causa de presunta “sextorsión”, tras hacer lugar a una petición del fiscal Federico Delfino. La magistrada fijó para el día 16 de noviembre de 2022 para que el agente de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Crimen Organizado presente su requerimiento conclusivo (acusación o sobreseimiento) en esta causa en que se investiga el delito de extorsión agravada.
Están procesados por supuesta extorsión Tomás de la Cruz Sosa Servián, José María Martínez García, Virgilio Sosa Figueredo, Rosana Arévalos Acuña, Luciana Luján Arévalos Delvalle, Deisy Romina Duarte, Apolonia Servián, Lorena Beatriz Flores, Arnaldo Ariel Britto Benítez y Fanny Ayala.
La causa penal está identificada como “Rosana Arévalos Acuña y otros s/ extorsión agravada y otros”. Identificación Nª 01-01-02-40-2019- 83.
La jueza Lovera Brítez fijó la fecha de presentación del requerimiento conclusivo ante el pedido de reapertura de la causa por parte del fiscal Federico Delfino, luego que el juzgado hizo lugar al pedido del Ministerio Público del sobreseimiento provisional para los imputados, en noviembre y diciembre de 2021.
El pedido de sobreseimiento provisional solicitado por el fiscal Delfino en el 2021 fue para la realización de más diligencias investigativas.
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Supuestos cerebros de sextorsión operaban desde la cárcel
En mayo del año pasado, la Fiscalía y la Policía realizaron una serie de allanamientos en Encarnación, Cambyretã y Capitán Miranda tras la pista de los integrantes de una banda de cyberextorsionadores que operaba desde la cárcel de Itapúa con apoyo externo. El grupo tenía su radio de acción en todo el país.
El operativo denominado “Jetypeka” permitió identificar como los presuntos cerebros de la banda a dos reclusos de la Penitenciaría Regional de Itapúa, Tomás de la Cruz Sosa Servián y José María Martínez García, quienes operaban con el apoyo externo de Rosana Arévalos, Luciana Arévalos, Apolonia Servián y Deysi Duarte.
La investigación se inició tras la detención de una joven llamada Lizza Noemí Campuzano Petters, de apenas 19 años, cuyas fotografías y videos eran el “gancho” común en una buena cantidad de perfiles falsos que en las redes sociales eran utilizados para embaucar a hombres.
Posteriormente, también las autoridades llegaron hasta los que serían los verdaderos responsables de las fotos de Campuzano Petters, sobre quien en un primer momento se sospechó que podría ser parte del esquema, ya que la misma proveía imágenes específicas a pedido de los cabecillas, a fin de hacer más creíbles las conversaciones subidas de tono, que luego desembocarían en la “sextorsión”.
Los demás procesados son Apolonia Servián (esposa de Virgilio Sosa y madre de Tomás de la Cruz), Rosana Arévalos Acuña (pareja de José Ma.), Luciana Luján Arévalos Delvalle (cuñada de José Ma.), Deisy Romina Duarte (pareja de Tomás), Fanny Ayala (pareja de José Ma. con quien tiene un hijo en común), Arnaldo Ariel Britto Benítez (guardiacárcel del Penal de Encarnación) y Lorena Beatriz Flores (pareja de Arnaldo-guardiacárcel), eran las encargadas de efectivizar el dinero obtenido producto de las extorsiones, quedándose con una parte del dinero obtenido y luego de ello proveían a los reclusos de los elementos necesarios para la realización de los actos.
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Elegían a sus víctimas en Facebook
La investigación reveló que el “modus operandi” utilizado consistía en elegir a la potencial víctima a través de la página del Facebook, a las que contactaban con ofertas sexuales. Una vez establecido el contacto y tras ganar la confianza de su víctima, la “oferente” proporcionaba fotos suyas, obviamente falsas, incluso fotos íntimas y lo mismo pedían a sus contactos.
Por lo general elegían a personas mayores, hombres casados, o relativamente conocidas, a quienes una exposición pública no favorecería mucho.
Al tener estas “evidencias”, entraba en escena una supuesta madre de la menor de edad, con una denuncia ante la policía. La víctima recibía la foto de la supuesta denuncia, con sello y membrete de la Policía Nacional, lo que le daba verosimilitud al caso.
Entonces intervenía el supuesto policía o periodista que contactaba con la víctima con la propuesta de no dar trámite a la denuncia o no publicarla, a cambio de dinero, que era cobrado mediante la modalidad de billetera electrónica.
En la ocasión, el jefe del operativo de la Policía, comisario Nimio Cardozo, estimó que solamente en los dos primeros meses de la pandemia la banda logró recaudar unos G. 180 millones de distintas víctimas. Las víctimas son de distintas ciudades, pero el mayor número de denuncias proviene de Asunción.