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Hace instantes el Tribunal de Sentencia Unipersonal presidido por la jueza Sandra Farías resolvió condenar al exasesor jurídico de la Binacional Yacyretá Luis Canillas a 100 días multa, que asciende a la suma de G. 29.426.706, por injuria cometida contra la senadora Desirée Masi.
En su fallo, la magistrada indicó que los insultos proferidos por Canillas en contra de la parlamentaria se subsumen en el delito de injuria y en, consecuencia, absolvió al acusado de los hechos de difamación y calumnia.
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En sus alegatos finales el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de la querellante Desirée Masi, solicitó que Canillas sea condenado a 2 años y 3 meses de pena privativa de libertad más una composición económica de G. 300 millones.
El pedido de composición económica fue rechazado por la magistrada de sentencia, con el argumento de que no está acreditado que con ese dinero se vaya a restituir la paz social entre el condenado y la querellante.
El abogado defensor Mario Elizeche peticionó la absolución de culpa y reproche de su cliente, alegando que el mismo “estaba bajo los efectos del alcohol” cuando grabó el video donde se lo ve emitiendo insultos en contra de la parlamentaria, junto a un corpóreo de la misma.
La defensa agregó que los insultos proferidos en contra de la parlamentaria del PDP fueron hechos “de forma jocosa” por el exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá y que este no fue el responsable de la publicación de dicho vídeo.
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Canillas intentó evitar juicio con pedido de disculpas
El proceso se inició en marzo de 2018 cuando la parlamentaria querelló a Canillas, por difamación, calumnia e injuria, luego de que en un video que se hizo viral se observó al entonces asesor jurídico de la Binacional Yacyretá junto a un corpóreo de la legisladora, insultándola con palabras y gestos.
En esa ocasión, Canillas hizo lo mismo ante otro corpóreo con una imagen del actual presidente de la República Mario Abdo Benítez.
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En una audiencia de conciliación realizada el 27 de abril del año pasado, el ex asesor de la EBY intentó evitar el juicio oral con un pedido de disculpas, pero estas no fueron aceptadas por la parlamentaria del PDP; y la jueza Sandra Farías elevó la causa a juicio oral.