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Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Diego Arzamendia y Néstor Coronel, tras nuevas denuncias recibidas contra Mirtha Fernández, ampliaron la imputación en su contra por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Fue tras constatar un perjuicio económico que asciende a G. 495.435.432, desembolsados de fondos de Royaltíies de la Municipalidad de Valenzuela, departamento de Cordillera, en 2019, para realizar obras de canalización y perfilado, construcción de empedrado, veredas y estacionamiento.
La imputación se da como ampliación a la ya formulada en abril pasado por lesión de confianza, , producción de documentos no auténticos y declaración falsa, pero por “obras fantasma” por las que se pagaron G. 602.970.000. En esa última causa están procesadas Fernández y otras 14 personas, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Imputación a otros once
En esta ampliación, además de Fernández también se investiga al extesorero de la comuna Cristhian David Flecha Fernández, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Por lesión de confianza se indaga a Sergio Ariel Flecha Domínguez, Carlos Samudio Sánchez, Maglio César Nelson Muñoz Díaz, e Inocencio López, mientras que por producción de documentos no auténticos a Verónica Acosta y Silvia Espínola.
En tanto que por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos los incoados son María Liz Fleitas, representante legal de “MLF Constructora y Proyectos”; Blasido Albino Candia, representante legal de “BC Constructora”; el arquitecto Elvis Ramón Balbuena López y la arquitecta Vera María Luz Balbuena Villalba.
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Pagos por obras que no existen
Entre enero y mayo de 2019, la intendenta municipal Mirtha Elizabeth Fernández suscribió contratos para la ejecución de obras con las firmas “MLF Proyectos y Construcciones” y “BC Constructora”, a las que desembolsó sumas de dinero desde la cuenta de la comuna del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Las obras en cuestión eran “canalización y perfilado en la compañía Julián Cancio Flecha”, por G. 60.500.000, con la firma “MLF Proyectos y Construcciones”; mientras que “construcción de empedrado en zona urbana-calle 12 de junio” por G. 120.000.000; “construcción de vereda y estacionamiento al costado de la Iglesia San José” por G. 57.550.000 y G. 110.000.000; “construcción de vereda al costado del local municipal” por G. 68.000.000, con “BC Constructora”.
Según la rendición de cuentas presentada por la Municipalidad a la Contraloría General de la República (CGR), en contraste con los papeles incautados en el allanamiento a la sede municipal, obras y pagos a contratistas se ejecutaron en 2019, en su totalidad.
Sin embargo, los documentos que fueron obtenidos durante la investigación hacen suponer que los trabajos no fueron ejecutados al tiempo en que se desembolsó el dinero. Pues, se constató que la obra de canalización y perfilado no se realizó, y que las otras obras se realizaron recién tras la denuncia formulada contra Fernández.
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Diferencias y perjuicios detectados por la Fiscalía
Peritos técnicos del Laboratorio Forense del Ministerio Público se constituyeron en los sitios donde supuestamente se realizaron las obras. En el caso de la canalización se comprobó que no se ejecutó, constituyendo un perjuicio patrimonial de G. 60.500.000, o sea el total desembolsado.
En cuanto a los trabajos de la vereda de la calle 12 de Junio, en la imputación se señala “en uno de los tramos se vio desgastes por el uso y con gran avance de malezas en la calzada lo que hace suponer que sería una obra más antigua, mientras que otro tramo ofrecía con características de reciente realización, al que le faltaba carga de ripio y arena y la compactación”.
Por esta obra se pagaron G. 120.000.000, pero según la evaluación de los peritos esta solo debió costar G. 50.827.250, por lo que para estimar el perjuicio se tienen en cuenta lo pagado, del cual se descuenta la obra ejecutada consistente en G. 50.827.250, que arroja una diferencia de G. 69.172.750, a la que se añadió el valor de la nueva obra por valor de G. 68.388.870; arrojando un perjuicio de G. 137.561.620.
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Sobre la vereda del costado de la iglesia, se pagó G. 57.550.000, en 2019, pero los trabajos iniciaron recién a finales de 2021 y principio de 2022. El análisis forense se determinó que solo debió costar G. 35.848.978, siendo la diferencia de G. 21.701.022, y el perjuicio total de G. 79.251.022.
Para la otra obra en la zona de la iglesia, en 2019 se desembolsaron G. 110.000.000, pero esta recién inició entre 2021 y 2022. El análisis técnico arrojó como valor real la suma de G. 73.882.210, por lo que la diferencia es de G. 36.117.790, y el perjuicio constituye G. 146.117.790.
Por la obra de las veredas en zona del local municipal se pagó G. 68.000.000, en 2019 y los trabajos iniciaron recién entre 2021 y 2022, luego de que Fernández sea denunciada. La pericia concluyó que debió costar G. 63.995.000, siendo la diferencia de G. 4.005.000 y el perjuicio de G. 72.005.000.
Para la Fiscalía el perjuicio patrimonial causado a la Municipalidad, así asciende a G. 495.435.432.
Funcionarios cobraban los cheques
Los fiscales señalan en su imputación que durante su administración, Mirtha Fernández, a través de las resoluciones N° 166/2019 del 13 de mayo de 2019 y N° 152 del 7 de mayo d e 2019, firmadas por la intendenta y su director de administración y finanzas Cristhian David Flecha, autorizó la emisión de cheques a la firma “MLF Proyectos y Construcciones”, pero estos fueron cobrados por Sergio Flecha.
También se constató que la arquitecta Vera María Luz Balbuena Villalba colaboró para certificar el inicio de las obras y, que el arquitecto Elvis Balbuena colaboró con la emisión del una “Orden de inicio de obra”, a modo de cumplir con requisitos para respaldar los legajos de la Municipalidad ante Contraloría.
En cuanto a la empresa “BC Constructora”, representada por Blasido Albino Candia, suscribió contratos con la Municipalidad de Valenzuela, para las obras señaladas. Para el pago a la misma, se emitieron cheques por G. 355.550.000 a nombre de terceras personas no ligados a los contratos, que fueron cobrados por Sergio y Cristhian Flecha, respectivamente, ambos funcionarios municipales.
Además la Comuna emitió cheques a nombre de los contratistas, los cuales declaró ante la Contraloría, pero cuando la Fiscalía realizó el cruce con el BNF, se hallaron indicios de adulteración en la descripción de los beneficiarios originales.