Denuncian despojo del Indert de finca de 2,5 hectáreas

La abogada Elvira Montanía denunció el despojo que perpetró el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a su representado, Justino Cipriano Ramírez Jara, de unas 2,5 hectáreas, en la zona de Takuruty, Villeta, departamento Central,

La abogada Elvira Montanía, en compañía de Justino Cipriano Ramirez Jara (con quepis) y tres familiares.
La abogada Elvira Montanía, en compañía de Justino Cipriano Ramirez Jara (con quepis) y tres familiares.Gustavo Machado

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El señor Justino Cipriano Ramírez reside en la tierra en la que vivían sus padres y abuelos, pero la presidenta del Indert, Gail González Yaluff, otorgó mejor derecho sobre la tierra en conflicto a una persona que fungía de gestor ante la institución, según denunció la abogada Elvira Montanía.

Agregó que el despojo perpetró el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a su representado, Justino Cipriano Ramírez Jara, de unas 2,5 hectáreas en la zona de Takuruty, Villeta, departamento Central, donde reside y en la que vivían sus padres y abuelos. Montanía lamentó que la presidenta de la institución, Gail Gonález Yaluff, otorgara mejor derecho sobre la tierra en conflicto a una persona que fungía de gestor ante la institución.

Según la abogada, la resolución del Indert, 2637, del 11 de agosto de 2022, contra todo derecho despojó a su representado. La profesional argumentó que Ramírez Jara había solicitado la reconstrucción del expediente 5.271/05, que sospechosamente había sido extraviado en el Indert y que la decisión del ente se apoya en un acta de constitución, que según la abogada es falsa, porque no se obró acorde a las normas establecidas para el efecto y porque el señor Victoriano Arrúa Olmedo, que fue beneficiado por el Indert, no vive en el lugar sino a un kilómetro del sitio.

Al ser consultada la titular del Indert, primero justificó su acción, porque se trataría de un litigio familiar, luego admitió que desconfiaba de sus funcionarios, pero luego denegó a Ramírez Jara su derecho.

La versión del Indert

Consultada al respecto la presidenta del Indert, Abog. Gail González Yaluff, justificó que el caso se trata supuestamente de un conflicto familiar y que su resolución 2637/22, que otorga con mejor derecho a Victoriano Arrúa Olmedo, se apoya en que, supuestamente, el primer solicitante y ocupante de la fracción en conflicto fue, según el Indert, el señor Apolonio Ramón Ramírez Valdez, quien inició los trámites bajo el expediente administrativo N° 4564/2005, el cual prosiguió con los mismos hasta la culminación de la mensura administrativa en el año 2012; luego según manifestaciones de los familiares les fue imposible proseguir con los trámites debido a que el señor Apolonio se enfermó y falleció en el año 2018, conforme el certificado de defunción obrante.

Posteriormente la viuda del Sr. Apolonio, la Sra. Adelina Arrúa, de 75 años de edad, quiso proseguir con los trámites tendientes a la regularización del inmueble, pero le fue detectada una insuficiencia vascular y cerebral transitorios y un síndrome vertiginoso, teniendo que seguir tratamientos médicos constantes.

Debido a eso, el hermano de la señora Adelina, el señor Victoriano Arrúa Olmedo, quien manifestó que es él quien se hacía cargo de su hermana, junto con otros familiares, e inclusive luego del fallecimiento del marido y porque la misma no tuvo hijos que puedan hacerse cargo de ella, se mudó a vivir con ella en la fracción; y al percatarse de que el inmueble aún no se encontraba regularizado, el señor Victoriano solicitó ante la institución la fracción en el año 2021, bajo el expediente administrativo N° 15.949/2021, según la justificación presentada a la prensa por la presidenta Gail González Yaluff.

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