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En la audiencia preliminar realizada hoy, la fiscala Stella Mary Cano decidió rectificar la acusación que presentó hace un año contra el exintendente liberal de Concepción Alejandro “Tati” Urbieta y solicitar el sobreseimiento provisional del político y otras tres personas acusadas de haber causado un perjuicio de G. 1.600 millones a la comuna, con obras inconclusas.
El argumento de la agente fiscal es que las obras concluyeron con posterioridad a la presentación del requerimiento conclusivo.
“Esta situación de hecho nos obliga a incorporar dos elementos de convicción de los cuales podrían surgir elementos probatorios para un debate oral y público, o en su caso otro requerimiento conclusivo que corresponda en el sentido de la necesidad de comprobar a través de informes técnicos si el daño patrimonial subsiste o en su caso ha disminuido o a aumentado, por lo que el ministerio público considera procedente rectificar en este acto la acusación formulada en su oportunidad y requerir el sobreseimiento provisional de los acusados”, argumentó Cano.
Fiscala pide nuevas diligencias antes de cerrar investigación a Urbieta
En consecuencia, pide realizar una serie de diligencias antes de concluir definitvamente la investigación al exintendente Urbieta. Pericia arquitectónica sobre el estado real de las obras al momentos de las actas de recepción, filmación con toma aérea de las obras cuya ejecución es objeto del proceso y pericia contable a fin de terminar la existencia o no del daño patrimonial y del monto del mismo, son las diligencias que requiere realizar.
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Los demás procesados favorecidos con el cambio de postura de la Fiscalía son Pedro Vera Escurra, exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Concepción; Arsenio Domínguez Vázquez, fiscal de obras de la Comuna; y Rigoberto Vicencini Benítez, representante legal de la empresa adjudicada para la obra.
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Todos los defensores coincidieron en allanarse al pedido de la Fiscalía,
Sin embargo, el juez Delmás consideró necesario remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado, a fin de que examine la actuación de la fiscala Cano y ratifique o rectifique su postura.