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En la agenda del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), para la sesión de ayer, estaba previsto que los concejeros analicen la aprobación del pago fraccionado de la millonaria deuda que el ente arrastra desde hace 22 años con la Farmacia Adriana, representada por Gladys Santacruz, según Contrataciones Públicas. Hasta la fecha, ninguna administración había priorizado el pago de la deuda.
La intención de abonar una deuda que viene desde principios de siglo en medio de una crisis por falta de reactivos, insumos, medicamentos y otras deudas urgentes, llama poderosamente la atención.
Antes de iniciar la reunión de la víspera, y luego que ABC haya comenzado a preguntar sobre el tema, sin razón aparente el Consejo de Administración resolvió levantar el tema de la agenda del día, según indicó el doctor Ricardo Oviedo, consejero en representación del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).
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La demanda por deuda impaga contra la previsional, que comenzó con un monto de G. 553 millones y asciende actualmente a G. 1.650 millones, se entabló en el 2011. El acuerdo de compra directa había sido firmado en el año 2000, según explicó Víctor Hugo Thomas, director de la Asesoría Jurídica del IPS.
“Es una vieja demanda. De acuerdo a los antecedentes que se tienen, fue un contrato bilateral en momentos en que se estaba implementando recién la Ley de Contrataciones Públicas”, sostuvo Thomas.
Incumplimiento en los pagos generó millonario recargo por mora
El abogado precisó que el IPS comenzó a incumplir con los pagos, lo que generó a la fecha un millonario recargo por mora.
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“Pasaron varias administraciones y aparentemente la deuda no se abonaba por diferentes motivos. Esta farmacia decidió realizar una demanda en el 2011. El juicio de primera instancia lleva a una sentencia que establece un monto inicial de deuda de poco más de G. 500 millones”, precisó.
El asesor legal del IPS comentó que posteriormente, en el 2013, el proceso llegó a segunda instancia, donde se realizó la liquidación dentro del proceso de ejecución, que estableció un monto varias veces superior al monto inicial de la demanda.
Demanda involucra a Procuraduría General de la República
“No es una causa fácil de resolver, primero por el monto y segundo porque están involucradas dos instituciones públicas. Hoy día las demandas ya no incluyen a la Procuraduría General de la República, pero en esta demanda en particular, interviene la Procuraduría”, comentó Thomas.
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En relación a la demora en el pago, el asesor jurídico del IPS indicó que en un primer momento la previsional apeló la sentencia emitida en primera instancia. No obstante, dijo que desconoce los detalles, alegando además que desde que se entabló la demanda hasta la fecha, se pasó por varias administraciones que nunca priorizaron el pago de la millonaria deuda.
“El por qué no se pagó es una cuestión que escapa un poco a mis conocimientos”, dijo.
Farmacia renunció a una parte de la deuda
Sobre la etapa procesal, el abogado sostuvo que el año pasado se acercaron al IPS representantes de la farmacia para proponer la reducción de la deuda.
“Hicieron una propuesta donde ellos renunciaban a una parte del monto. Esa propuesta no pudo llegar al Consejo de Administración porque los representantes de la Farmacia Adriana, exigían (en ese momento) el pago íntegro del total restante”, comentó.
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No obstante, este año la parte actora volvió a presentar otra propuesta, pero con una adenda. “Se permitía al IPS realizar de dos a tres pagos, pero siempre manteniendo la idea inicial de que ellos (Farmacia Adriana) renunciaban a una parte del total”, comentó. Según dijo el abogado, el “descuento” sería del 10% a 15%.
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El doctor Ricardo Oviedo dijo a ABC que el tema pasó para ser tratado la próxima semana. Además comentó que en la sesión de ayer no se habló sobre la deuda con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), que asciende a US$ 242 millones.
Otras demandas “menores” contra el IPS
Consultado sobre otras demandas similar, el asesor jurídico del IPS señaló que el ente tiene otros procesos abiertos por deudas.
“Hay otras demandas; muchas. La mayoría son de funcionarios que quedaron cesantes de otras administraciones”, dijo Thomas.
En cuando a las deudas con las farmacéuticas, indicó que normalmente se aplica una recalendarización de pagos.
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No obstante, sostuvo que hay otras empresas que dejaron de ser proveedoras y eventualmente plantearon acciones judiciales. El abogado calificó estas demandas como “casos menores”.