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A través de un comunicado, el Ministerio de la Defensa Pública reconoció que Nidia Lorena Cabrera Zaracho, pareja del diputado y aspirante al Senado, Basilio “Bachi” Núñez, tiene tres contratos de alquiler, por un monto total de G. 22 millones en forma mensual con esa institución para su sede en Villa Hayes. Sin embargo, defendió los acuerdos diciendo que se trataban de construcciones “independientes” y la superficie total arrendada alcanzaba los 575 metros cuadrados.
Lo llamativo es que estos datos no están especificados en ninguno de los tres contratos publicados en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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En el último contrato firmado el 1 de junio de 2022, por ejemplo, solo se especifica un inmueble situado en la calle General Bernardino Caballero N° 563, individualizada con la cuenta corriente catastral 30-0065-11. En el otro acuerdo, en tanto, refrendado el 3 de marzo de 2021 se habla de un inmueble situado en la calle General Caballero entre Nueva Burdeos e Isla Po’i, identificada con la cuenta corriente catastral 30-0065-14.
En el tercer contrato, por su parte, firmado también el 3 de marzo de 2021, se menciona un inmueble situado en la calle General Caballero N° 563 y 1245 entre Nueva Burdeos e Isla Po’i, individualizadas con las cuentas 30-0065-11 y 30-0065-14, de acuerdo a la documentación.
Un dato curioso es que en los tres acuerdos, en la cláusula relacionada al Número de Identificación de Suministro (NIS) de Ande, se cita solo la cuenta corriente 30-0065-11. Más coincidente es que en dos contratos, incluso, tienen la misma numeración de medidor.
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Sobre este punto, el MDP también emitió un comentario diciendo que dos construcciones independientes en los inmuebles poseen el mismo medidor de ANDE porque derivan de una misma finca y “la propietaria no las ha separado, mientras que la tercera construcción fue conectada al mismo suministro de energía eléctrica, haciendo un todo en una misma cuenta de Nis, lo que no afecta la ejecución del contrato” (sic).
Más curioso es que, según las consultas realizadas en página web de la Ande, dos medidores están a nombre del Ministerio de la Defensa Pública. Para esa institución también los G. 22 millones por el alquiler es “razonable”, considerando superficie y el precio de mercado.