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En 2016, Yren Rotela y Mariana Sepúlveda iniciaron gestiones ante el Poder Judicial de Paraguay para inscribirse con los nombres con los que se identifican y que se adecuan a su identidad de género autopercibida. Según los reclamos, la única respuesta que recibieron fue una sistemática discriminación y tratamiento desigual.
Según la defensa, se han violado de forma sistemática derechos humanos de las dos demandantes, por lo cual la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) lleva la representación de las afectadas.
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En ese sentido, anunciaron hoy que recurrieron al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Para demandar al Estado se alega la violación de derechos como: derecho a la igualdad ante los tribunales y a un juicio imparcial, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida privada y a no ser discriminadas por identidad de género.
Una sociedad que no les permite ser libres
“Hemos asumido una identidad en esta sociedad en que no te permiten ser libres. Eso es lo que estamos buscando, el derecho a nuestros nombres, algo que está en la Constitución Nacional y el Código Civil, que permite realizar el Paraguay, pero hace seis años el Estado nos está violentando, nos está discriminando y no permite acceder a ello”, lamentó Yren.
Según resaltó la defensa, los derechos mencionados están reconocidos en los Arts. 14.1, 16, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento jurídico ratificado por el Estado paraguayo. Según menciona la Codehupy, el país otorgó la competencia al Comité para que entienda denuncias de particulares y está obligado a cumplir las resoluciones.
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¿Qué se busca con la demanda?
Las demandantes buscan que el Estado paraguayo respete el derecho de las personas trans a adecuar su nombre civil de manera congruente con su identidad de género. También se solicita que garantice un recurso efectivo para el reconocimiento del derecho al cambio de nombre.
De la misma manera, se solicita que el Gobierno adopte medidas legislativas relativas al cambio de la identidad de género con el fin de establecer un procedimiento administrativo sencillo, rápido, transparente y accesible.
El abogado Hugo Valiente, defensor de ambas, resaltó que buscando antecedentes encontraron que muchas personas “cis género” accedieron al cambio de su nombre por diversos motivos. Sin embargo, cuestionó que Yren y Mariana no puedan acceder a ese derecho debido a que la Justicia no avanza.
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Resaltó que lograron avanzar en primera instancia, pero luego el caso fue trabado y hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.
Casos cajoneados desde hace seis años
Las demandas presentadas por Yren y Mariana siguen su curso ante la Corte Suprema de Justicia y el Estado paraguayo podría evitar una sanción internacional si resolviera estos casos sin mayores demoras injustificadas.
En ese sentido, cabe recordar que en octubre del año pasado un grupo de personas trans anunció colectivamente que solicitarían el cambio de sus respectivos nombres. Hasta ahora son nueve las personas que han hecho la solicitud de cambio y afirman que soportan múltiples problemas legales, además de la discriminación.
Las denunciantes también forman parte de campaña Soy Real #MiNombreDebeSerLegal, que se lleva adelante en conjunto entre la Asociación Panambí, Amnistía Internacional Paraguay y Codehupy.