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“La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay insta al poder público, ejercido por la Policía Nacional, a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las víctimas de las amenazas serias y aparentemente reales, reciban la protección debida”, sostuvo parte del comunicado de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay dado a conocer este martes.
Además, en la nota, los fiscales se solidarizaron con la fiscala Riquelme y con el periodista, aunque no mencionan su nombre; ni tampoco el del que confesó haber proferido la amenaza, Alejandro Castro García; quien dijo ser español.
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“Por este medio, la Asociación se solidariza con la víctima particular y la agente fiscal afectada e insta al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, a través de su división especializada, a la individualización de quien aseveró haber contratado a un persona para ejecutar su plan de acabar con la vida de aquella y que el responsable sea sometido a la Justicia, pues este tipo de hechos, que se vienen repitiendo a nivel continental, ya han resultado en atentados que segaron la vida de fiscales al frente de investigaciones penales”, se añadió a la nota.
El caso
Alejandro Castro García reconoció que era su voz la que se escucha en un audio filtrado en el que afirmó que pagó G. 7 millones para asesinar a la fiscala y el periodista.
“La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay considera que el constreñimiento ejercido contra los fiscales, como resultado del correcto desempeño de sus funciones, representa un intento de socavar la Justicia, y la conducta se encuentra no sólo fuera de la Ley, sino que constituye un verdadero atentado contra un órgano fundamental como lo es la Fiscalía”, sostuvo la entidad.
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Y añadieron: “Así también, el gremio llama a toda la ciudadanía a estar alerta ante estas modalidades delictuales que amenazan a la institucionalidad y a la paz social que debe existir en territorio paraguayo”.
Pablo Gastón Ortiz había hecho meses atrás una denuncia contra Castro García por presuntas amenazas de muerte ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Asunción y se abrió una causa por “hechos punibles contra la libertad”.
El presunto ciudadano español supuestamente amenazó de muerte al jefe de prensa de Visión Comunicaciones, Pablo Gastón Ortiz porque estaba molesto por publicaciones periodísticas, de acuerdo a la denuncia de la víctima.
Según los antecedentes, el hombre a quien se escucha amenazar al periodista y a la fiscala se presentó ante la Municipalidad y la Junta Municipal de Villarrica como un nexo empresarial de Europa con intención de donar G. 6.000 millones para reconstruir la Terminal de Ómnibus de esta ciudad.
Sin embargo, no mostró credenciales y se negó a dar a conocer los nombres de las empresas, cuestionamientos publicados por Gastón Ortiz y su equipo periodístico.
El intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), solicitó a la Junta Municipal aceptar la propuesta de donación del español, a pesar de que no presentó ningún documento que acreditase la existencia del dinero.
Además, Alejandro Castro, se presentó como concejal municipal del ayuntamiento de Mollet del Vallés, en Barcelona, España, pero datos públicos de ese municipio revelaron que era mentira. Esto también fue publicado por el medio bajo la dirección de Ortiz. Según indicó el periodista ante la Fiscalía, esto motivó la amenaza de muerte que recibió.