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La resolución de la Corte Suprema de Justicia lleva la firma de su presidente, Antonio Fretes, de los ministros Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia, miembros del Consejo de Superintendencia. Igualmente la resolución dispone la instrucción de un sumario administrativo a la abogada de Ramón González Daher a cargo del abogado Carlos Enciso Garcete, superintendente general de Justicia interino.
La Corte tomó en cuenta la publicación periodística del 18 de agosto que habla de las supuestas irregularidades cometidas por la abogada y el funcionario judicial.
La fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, imputó a la abogada Emma González Ramos y al funcionario judicial Damián Cáceres González, por supuestamente manipular el sistema informático y de esa forma excluir a la fiscala Sandra Ledesma del expediente electrónico en la causa de denuncia falsa contra el exdirigente deportivo González Daher. El hecho tuvo lugar el 14 de enero de este año.
La supuesta maniobra a favor de Ramón González Daher
Según el acta de imputación, se sospecha que en la fecha indicada anteriormente, en horas de la tarde luego de la detención de Ramón González Daher, que tuvo lugar en la Fiscalía de Luque, por la referida causa, el funcionario judicial Damián Cáceres González, en su carácter de “registrador” del Juzgado Penal de Garantías Nº 1, a cargo de la jueza Jennifer Ynsfrán, ingresó al sistema informático con el usuario de otra funcionaria identificada como Mayra Andrea Irala Delvalle.
El funcionario Cáceres González habría realizado la desvinculación de la agente Sandra Ledesma, sustituyéndola por el entones fiscal Jalil Rachid Segovia, en el expediente denominado “Ramón González Daher s/ denuncia falsa”.
La fiscala de Delitos Informáticos sostiene que el hecho ocurrido el 14 de enero imposibilitó el acceso al expediente judicial a la fiscal Ledesma, quien inmediatamente denunció lo ocurrido.
Lo que sustenta es la sospecha de que tal maniobra fue realizada para evitar que se concrete la notificación de la resolución de las medidas cautelares en la investigación, siendo esta necesaria para que la fiscala pueda recurrir a la decisión y sostener la solicitud de aplicación de prisión preventiva al incoado.