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El funcionario asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el área de libertad de expresión, expresó en entrevista con ABC Cardinal que en la actualidad, hay muchos periodistas “que saben mucho más de lo que dicen”, y esto no debería ser así. Para evitar esta autocensura, un periodista debe tener las garantías “para decir todo lo que sabe, ha comprobado y es de interés público”.
Resaltó que la defensa de la prensa no se trata de defender un privilegio, sino de una protección a la sociedad para que esta pueda estar informada.
Pedro Vaca mencionó el momento de sensibilidad social que se está viviendo en Paraguay luego del crimen de un comunicador en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Sobre el punto, alertó que los crímenes a periodistas marcan preocupaciones. Dijo que si bien tenemos sólidos estándares interamericanos en el continente, los niveles de aplicación pueden mejorar en todos nuestros Estados.
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Se cuestionan qué ocurrió con la prevención
Por ejemplo, en torno al lugar donde ocurren esas agresiones, en este caso, Pedro Juan Caballero, un sitio donde hay antecedentes de violencia contra la prensa, alertó que allí “cabe la pregunta sobre la prevención”.
Sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está interesada en tener más información sobre las medidas de prevención que se tomaron en Paraguay para evitar estos asesinatos.
Añadió que el sistema interamericano de derechos humanos plantea la existencia de medios de comunicación que tengan garantías para hacer su trabajo.
Así también, resaltó que es importante debatir sobre la persecución que tiene el comunicador para ejercer su oficio.
Investigaciones y sanciones son fundamentales
Sobre qué hacer después de ocurridos estos lamentables asesinatos, Vaca destacó que son importantes las investigaciones y sanciones, cuando la vinculación del crimen con el oficio periodístico está constatada.
“Precisamente el hecho que exista incertidumbre no le da suficiente confianza a la prensa para seguir haciendo su trabajo, principalmente en esa región (Pedro Juan Caballero)”, analizó el relator de la CIDH.
En otro momento, habló sobre las sentencias de la CIDH relacionadas con periodistas o medios. Sobre el tema dijo que en un gran porcentaje, estas tienen que ver con “la instrumentación del Poder Judicial con fines de silenciar el debate público”.
No es procedente derecho penal para condenas a periodistas
En este sentido, enfatizó que utilizar el derecho criminal que el Estado reserva para conductas más gravosas, como asesinatos, para condenar a periodistas, no es procedente. “El sistema interamericano dice que cuando un periodista habla de asuntos relacionados con funcionarios públicos, en esos casos no se usa el derecho penal. Porque la activación del derecho criminal sobre discursos de alto interés público genera un efecto inhibitorio”, analizó el experto.
En términos más sencillos, añadió que si un periodista es condenado por hablar sobre un funcionario público, esto genera un mensaje en el resto de la prensa. “Otros periodistas que encuentren información verificada sobre algún funcionario, verán ese antecedente como un disuasivo para el debate público”, advirtió.
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Funcionarios denunciados deben “aportar más información”
Con respecto a los funcionarios públicos, recordó que estos pagan un costo por entrar a la vida pública, y este es el de la exposición.
“A nadie se obligó a tener un liderazgo social, y al entrar a la esfera pública administran recursos, toman decisiones que afectan a una comunidad. Por tanto, aceptaron tener un umbral de tolerancia a la crítica más alto, en razón del poder que voluntariamente decidieron asumir”, dijo.
Añadió que cuando hay una denuncia periodística, al funcionario “le queda el deber público de aportar más información”, sobre el caso.
“La democracia prefiere tener más y no menos información. La judicialización desmedida a periodistas termina judicializando el debate público”, concluyó el jurista.
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Acciones judiciales no deben clausurar debate
Hizo referencia también a la vía civil de los juicios. Sobre esto dijo que las reparaciones de carácter civil no deben ser desproporcionadas, porque pueden tener un efecto aún más gravoso que la vía penal.
“El Poder Judicial debe distinguir cuando en una acción judicial se está planteando un daño, o una clausura del debate público. Si es un daño la justicia debe atenderlo, pero si se clausura el debate, es un costo que asume la sociedad y la democracia”, alertó el experto.
Este lunes a las 18:00, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Pedro Vaca conversará sobre periodismo, libertad de expresión y desafíos digitales que hacen parte de la conversación a nivel regional.