Caseros de oro: Tomás Rivas afrontará nuevo juicio oral por supuesta estafa

La Cámara de Apelaciones anuló el sobreseimiento definitivo del diputado colorado Tomás Fidelino Rivas y ordenó un nuevo juicio oral para el legislador acusado de supuesta estafa en el caso de sus “caseros de oro”. El tribunal de alzada concluyó que el daño ocasionado a la Cámara Baja no fue totalmente reparado.

Diputado Tomás Rivas, acusado por supuesta estafa.
Diputado Tomás Rivas (ANR, Fuerza Republicana) afrontará nuevo juicio oral por supuesta estafa.Archivo, ABC Color

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El diputado Tomás Fidelino Rivas (ANR, abdista) afrontará un nuevo juicio oral y público en el proceso judicial por presunta estafa en el caso de sus tres “caseros de oro”, del que fue sobreseído definitivamente por un Tribunal de Sentencia el 15 de diciembre de 2021.

El Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez, hizo lugar a la apelación planteada por el fiscal Luis Piñánez, anuló el sobreseimiento definitivo del parlamentario colorado y ordenó un nuevo juicio oral.

Según el tribunal, el acuerdo entre Tomás Rivas y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, su correligionario Pedro Alliana, fue extemporáneo y el perjuicio patrimonial causado al Estado con el caso de los “caseros de oro” no fue totalmente reparado por el legislador colorado.

Ahora se tendrá que sortear un nuevo Tribunal de Sentencia para juzgar la causa que afronta el diputado colorado, acusado de presunta estafa en el caso de sus tres caseros que figuraban como funcionarios de la Cámara Baja y cobraron salarios como tales, entre julio de 2016 y febrero de 2017, por un monto que ronda los G. 45 millones.

Argumentos del tribunal que anuló blanqueo de Tomás Rivas

El camarista Delio Vera Navarro (preopinante) resalta en su voto que no se puede hablar de una reparación integral del daño social causado, teniendo en cuenta que el acuerdo fue firmado por el acusado y el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana.

Agrega que el titular de Diputados es ordenador de gastos de la Cámara Baja, no representante del Estado paraguayo en los casos en que se dirima los intereses patrimoniales de la República. Resalta que ese papel le corresponde al procurador general de la República.

Fernández indica además que no se puede hablar de reparación total del daño causado, ya que no se ha podido precisar el monto del daño social, en razón de que en el marco del juicio oral éste todavía no fue establecido dentro del objeto de juicio.

Puntualiza también que el Ministerio Público, como órgano encargado de dirigir la investigación de los hechos punibles y promover la acción penal pública, no ha admitido la reparación del daño al Estado como salida al presente proceso penal.

Destaca que, si bien el procurador general, Abog. Juan Rafael Caballero González, fue convocado por el Tribunal de Sentencia, éste acudió al juicio y declaró en calidad de testigo y no como representante de la víctima, que es el Estado paraguayo.

Los camaristas José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez votaron en el mismo sentido que el preopinante, por lo que el Tribunal de Apelación declaró la nulidad absoluta del Auto Interlocutorio N° 910 de diciembre del año pasado, que resolvió la extinción de la acción y ordenó el sobreseimiento definitivo del diputado Tomás Rivas.

Rivas consiguió blanqueo tras “devolver” dinero a Diputados

El 15 de diciembre de 2021, por mayoría, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro, Cándida Fleitas (voto en disidencia) y Juan Carlos Zárate Pastor declaró la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo del diputado colorado Tomás Fidelino Rivas Benítez del proceso por presunta estafa en el caso de sus tres caseros.

El presidente del tribunal, Héctor Capurro, argumentó que la extinción de la acción penal se da porque “no existe perjuicio patrimonial contra la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que mediante un acuerdo firmado el 22 de noviembre de 2021, el acusado reparó integralmente el daño ocasionado”.

Dicho acuerdo fue firmado por Tomás Rivas y el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, cartista), y establece que el cuerpo legislativo no tiene ningún reclamo que hacer, bajo ningún concepto, al parlamentario acusado, atendiendo a que el mismo depositó la suma de G. 121.208.000 en concepto de reintegro a la Cámara de Diputados.

Capurro agregó que el propio procurador general de la República, Juan Caballero González, quien declaró hoy en el juicio oral y público, confirmó que el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, le comunicó el acuerdo firmado con el diputado Tomás Rivas y que el Legislativo no sufrió ningún daño patrimonial.

Por su parte, la jueza Cándida Fleitas, quien votó en contra del sobreseimiento definitivo de Rivas, argumentó que no estaba de acuerdo con la extinción de la presente de acción, teniendo en cuenta que la defensa no solicitó dicha salida procesal sino que sus colegas resolvieron esto de oficio.

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