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La dura nota, firmada por el abogado Aureliano Brítez, presidente del referido gremio, fue enviada a Meiji Jesús Udagawa, fiscal delegado de Canindeyú, cuya unidad es también directamente aludida en cuanto a los hechos denunciados.
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“Las reclamaciones son de diversas índoles, desde desatención de funcionarios (falta a audiencias sin justificación alguna), morosidad en la formulación de requerimientos o dictámenes, mala atención por parte de funcionarios asignados a su unidad y en la unidad 3, maltratos a colegas, pedidos de coimas, llamadas extorsivas a justiciables”, señala la denuncia.
Indica que los profesionales del derecho de Canindeyú entienden la falta de recursos que afecta a la institución, pero que dicha situación no justifica la mala atención en las unidades mencionadas, mucho menos el cumplimiento correcto de las funciones para los cuales fueron nombrados.
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“Reclamamos el mejoramiento sustancial de las atenciones a los profesionales y justiciables y evitar los actos perniciosos y degradantes en la administración de tan delicada función”, agrega.
Aureliano Brítez indicó que tras la misiva presentada se pactó realizar una reunión con los tres fiscales de Salto del Guairá (Meiji Udagawa, Israel Villalba y Christian Bartomeu), a fin de plantear los casos y buscar una solución. “Nosotros nos vamos a ratificar en todo lo denunciado y exigiremos de nuevo el respeto a los profesionales litigantes”, indicó.
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Brítez dejó entrever que los fiscales, además de estar involucrados en presunta corrupción, estarían recibiendo presión “y hay mucha subjetividad y en gran medida ellos solo cuidan su silla, su cargo y no les interesa mucho lo que sufre el justiciable y el profesional”, sostuvo.
Pidieron nombres y apellidos de funcionarios
El fiscal Meiji Udagawa señaló que ya conversó con los responsables de la denuncia a quienes solicitó nombres y apellidos de los funcionarios que estarían actuando mal. Añadió que efectivamente recibieron datos de algunos presuntos hechos que cada fiscal en su unidad buscará averiguar, corregir o denunciar si amerita, indicó.
Respecto a los hechos de presuntos pedidos de coima y extorción solicitaron a los profesionales abogados algunas pruebas para poder actuar, indicó. Señaló que en esos hechos que constituirían delito se necesita una denuncia penal y el aporte de pruebas para iniciar una investigación.
Dijo que el Colegio de Abogados recibe todo tipo de denuncias de sus asociados, que son atendibles pero que en algunos casos podrían faltar a la verdad, e incluso ser alguna estrategia de defensa en algún caso en particular.