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Basilio “Bachi” Núñez, diputado y aspirante al Senado por el cartismo, accedió el 26 de diciembre de 2016 a un segundo préstamo, de refinanciación especial, con la cooperativa San Cristóbal, revela el informe elaborado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Los comprobantes originales de pagos realizados en la casa central de la entidad financiera estaban archivados en un bibliorato encontrado en la oficina denominada “sala de reuniones Presidencia”, a cargo del exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal.
El documento del Incoop detalla que los tickets hallados eran del 9 de febrero de 2017 al 30 de diciembre de 2019. Es decir, corresponderían a casi dos años de pagos, de acuerdo al resumen.
El informe elaborado por los auditores señala que el hallazgo de esa cantidad de comprobantes “hace presumir que el préstamo fue pagado por directivo/s de la cooperativa”.
“Bachi” Núñez y otro crédito sin pagar
Núñez días atrás afirmó que accedió a un crédito de G. 1.073 millones en el año 2017. Es decir, meses después del préstamo que aparentemente ya tenía con la cooperativa.
Este crédito de G. 1.073 millones es el que el legislador no declaró el 14 de julio de 2018, cuando asumió su banca. Recién en el año 2020, mediante una rectificación lo presenta como pasivo ante la Contraloría General de la República (CGR), diciendo que era un préstamo del año 2018 con la Cooperativa San Cristóbal.
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Lo llamativo es que meses después de “blanquear” esa situación, específicamente el 19 de noviembre de 2020, Bachi consigue otra refinanciación especial por G. 1.020 millones. Esta última operación –aprobada por el consejo de administración, presidido por Ozorio– es la que figura que no se pagó una sola de las cuotas de G. 103 millones mensuales, según el informe del Incoop.
El análisis de la oficial de crédito, precisamente, recomendaba el rechazo de la refinanciación porque el monto de las cuotas superaba por lejos a los ingresos declarados por Núñez.
Bachi, en su defensa, ensayó como excusa a su excesiva morosidad de casi dos años que sufrió baja en sus ingresos por motivo de la pandemia del covid-19, además de calificar como una “persecución política” los hallazgos del Incoop. Lo curioso, sin embargo, es que los diputados no sufrieron descuentos salariales durante las medidas sanitarias decretadas para mitigar la propagación del coronavirus.
Es más, ABC evidenció que la pareja sentimental del diputado, Nidia Lorena Cabrera Zaracho, logró cerrar con el Estado, en plena pandemia, millonarios contratos por el alquiler de inmuebles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Las propiedades arrendadas Bachi también las declaró como suyas ante la CGR, según los documentos.
Los acuerdos por alquileres sumaban G. 3.059 millones desde 2016 hasta la fecha, según documentos.
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Pero, Bachi no solo aparecía ligado con los contratos de alquileres sino también, llamativamente, el gerente de su astillero, Gonzalo Enjuto, logró a partir de 2018 acuerdos por servicios de limpieza con su empresa Davener SA. Siendo las instituciones contratantes la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), Incoop y la Gobernación de Presidente Hayes, de acuerdo a los datos publicados por Contrataciones Públicas.
Enjuto aparece con contratos por más de G. 3.093 millones en los últimos cuatro años.
Celeste Amarilla habla de “indicios” de lavado de dinero
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) dijo hace unos días que los hallazgos del Incoop son indicios de lavado de dinero. Refirió que habría sacado el préstamo para “cubrir ingresos que no pueden justificarse”. “Hay que ver hasta dónde el neurólogo está metido. ¿Quién paga G. 103 millones al mes? ¿Cuántas neurocirugías debe hacer para pagar eso?, se preguntó.
Contradicciones en sus ingresos
Un punto revelador del informe del Incoop es que el último análisis sobre Bachi Núñez (ANR) para la consolidación (refinanciación) de su préstamo de G. 1.020 millones menciona que el legislador tenía un ingreso neto de G. 25.564.375, cuyo saldo disponible luego de los egresos mensuales es de G. 2.313.545.
Sin embargo, en sus DD.JJ. rectificadas ante la CGR tanto en 2019 como en 2020, Bachi dice que sus ingresos mensuales eran de G. 59.774.000, siendo su remuneración G. 32.774.000; por ser gerente general G. 22 millones y por alquileres G. 5 millones. Sus egresos, en tanto, eran de G. 15 millones, manifestó.
Con estos datos, el parlamentario colorado cartista dice tener ingresos netos de G. 44.774.000, monto que no coincide con el análisis realizado por la cooperativa San Cristóbal.