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El interventor Pablo Vera Insaurralde, quien lleva adelante la auditoría a la cuestionada gestión del gobernador de Guairá Juan Carlos Vera Báez (ANR HC), presentó denuncia penal en su contra por cuatro hechos punibles: lesión de confianza, hechos punibles contra la prueba documental, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos de contenido falsos ante la Fiscalía Anticorrupción de Asunción.
Fue en el marco de la auditoría por el supuesto despilfarro de los US$ 2.000.000 de los fondos covid-19 entre otras irregularidades encontradas en la intervención.
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La denuncia fue presentada formalmente le viernes pasado y en el mismo, los interventores solicitan un allanamiento a la Gobernación del Guairá para la incautación de documentos administrativos, además de la imputación y pedido de prisión preventiva del gobernador Vera Báez por los hechos señalados.
En su denuncia, los interventores indicaron que se encontraron “irregularidades que representan hechos graves y delicados en la administración gubernamental y en consecuencia se producen daños patrimoniales”.
Gobernación no cuenta con un manual de organización ni reglamento
Además de que la Gobernación no cuenta con un “Manual de Organización y Funciones ni con un reglamento interno del personal, de egresos o ingresos, el cual representa una situación gravísima”, reza parte del documento.
“Encontramos muchísimas falencias e irregularidades desde el inicio de la intervención; la denuncia presentada es con relación a los 13 puntos que en su momento fueron denunciados por la Junta Departamental por el mal uso de los fondos covid e irregularidades con otros rubros que no pudimos dejar pasar, como las obras que quedaron inconclusas y se pagaron en su totalidad, por ejemplo”, explicó el miembro del equipo interventor, Diego Sánchez.
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Las denuncias sobre supuesto despilfarro de los fondos covid-19
La Junta Departamental de Guairá había denunciado el supuesto despilfarro de los US$ 2.000.000 que la Gobernación recibió para hacer frente a la pandemia y ayudar en la reactivación económica del departamento, el cual Vera Báez habría dilapidado con transferencias de G. 5.127 millones de forma irregular a propios funcionarios de la institución para la construcción de un pabellón de contingencia y una planta generadora de oxígeno que costó más de G. 1.200 millones que hasta la fecha no se utiliza y ya es objeto de rapiñas.
Parte de los fondos covid también se utilizó para la construcción de un “tinglado y un gimnasio de oro” por más de G. 580 millones, supuestamente sobrefacturado y se colocaron maquinarias usadas, presentadas como nuevas para justificar la inflación de los costos.
Además del aparente doble pago de más de G. 750 millones en la compra de lumínicas para el estadio Parque del Guairá, entre otras obras que quedaron inconclusas y no ayudaron para nada en la “reactivación económica”, sin mencionar las indiscriminadas transferencias de dinero a supuestas comisiones vecinales, integradas por funcionarios o parientes del gobernador.
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La intervención que fue aprobada por la Cámara de Diputados culminará el próximo viernes 23 de este setiembre, cuando se cumplan los 90 días establecidos para la auditoría, y los interventores ya presentaron un informe final ante el Ministerio del Interior, que posteriormente se remitirá al Poder Ejecutivo y a la Cámara Baja para su estudio y análisis para determinar si destituyen o no del cargo de gobernador al colorado cartista Juan Carlos Vera Báez, quien hoy aspira a ser senador por la chapa de Honor Colorado.
