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“Che mba’e la che culpa. Che sogue ha aipuru la plata. Ndaikuái máapa ndoiporúi. No sé quién en pandemia no entró en crisis... y ellos, los que tuvieron un pytyvõ con este gobierno, desde luego que no” (sic), ensayó como respuesta el diputado y candidato a senador por el cartismo Basilio “Bachi” Núñez a los cuestionamientos sobre la falta de pago de un préstamo de G. 1.020 millones con la cooperativa San Cristóbal. Fue durante la sesión ordinaria realizada el miércoles último y donde también decía que no pudo cumplir con sus compromisos porque se vio afectado en sus ingresos.
Sin embargo, uno de los puntos evidenciados es que justamente el diputado accedió al préstamo de G. 1.000 millones en el año 2017 y lo hizo constar recién en su declaración jurada en el 2020. Es decir, asumió el crédito tres años antes de la pandemia del covid-19.
Meses después de rectificar su DJ, lo que hizo Bachi fue consolidar su deuda (refinanciar) el 19 de noviembre de 2020, pese a que no pagó nada del último préstamo, según el informe elaborado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
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Otra cuestión hallada es que los ingresos declarados por el legislador no cubrían la cuota mensual del crédito refinanciado, más de G. 103 millones en un plazo de 12 meses. Esta situación había sido alertada por la oficial de crédito, que recomendó el rechazo; sin embargo, el préstamo igualmente fue aprobado por el Consejo de Administración, presidido entonces por su excolega y correligionario Juan Carlos Ozorio, imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal.
Lo más llamativo es que Ozorio, incluso, tenía en su oficina archivados los comprobantes de pagos originales de otros préstamos de Bachi.
Ahora aparece que personas ligadas al diputado Núñez consiguieron millonarios contratos con el Estado en los últimos seis años. Es el caso de su pareja sentimental Nidia Lorena Cabrera Zaracho –exconcejal municipal–, que a partir del 2016 acapara los contratos por el alquiler de oficinas públicas en Villa Hayes, feudo de Bachi.
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Cabrera Zaracho, que de exsecretaria de una concesionaria de vehículos y de la Opaci pasó a terrateniente, política y dirigente deportivo, arrienda los inmuebles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Su contratos suman G. 3.059 millones en los últimos seis años, siendo los de mayor cuantía en los últimos dos años, es decir, en plena pandemia del covid-19, según detalla el portal web de Contrataciones Públicas.
Los únicos acuerdos que tuvieron una baja del 50% en sus precios de alquiler debido a la pandemia, pero solo en el año 2020, corresponden a los arrendados por el MDP.
Cabrera Zaracho también aparece como accionista de la estación de servicios de Districhaco SA. Esta última, asimismo, figura con contratos por G. 497 millones con la Municipalidad de Benjamín Aceval, en el año 2019, de acuerdo a los registros.
Su gerente y negocios
Otro que aparece facturando con el Estado, coincidentemente, es quien funge de gerente general de Astillero Villa Hayes SA, cuyo accionista es Bachi. Se trata de Gonzalo Eduardo Enjuto, a través de su empresa de limpieza Davener SA.
Enjuto aparece con contratos estatales a partir de 2018, con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), Incoop y Gobernación de Presidente Hayes. Todos suman G. 3.093 millones, según el portal de Contrataciones.
Otro punto coincidente es que las instituciones en las cuales Enjuto consiguió acuerdos estaban hasta hace poco bajo el dominio del legislador cartista. Los contratos más grandes también se dieron en este último periodo de tiempo, en plena pandemia de coronavirus, según los documentos.
Indicios de lavado de dinero
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) dijo que el último caso en el cual está involucrado el legislador “Bachi” Núñez podría ser considerado como lavado de dinero. “Acá nosotros tenemos el caso de un aparente neurólogo... que es tan torpe que saca el préstamo a su mismo nombre y luego nunca paga pero para mí eso es lavado de dinero”, expresó.
Señaló que el préstamo era para cubrir seguramente ingresos de dinero que no pueden justificarse. “Para mi, es lavado”, reiteró.
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Precisamente, el presidente de la cooperativa San Cristóbal, el exdiputado colorado abdista Juan Carlos Ozorio, enfrenta un proceso por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal. Es el marco de la megaoperación “A Ultranza Py”.
Otra cuestión llamativa es que los ingresos declarados ante la Contraloría General de la República (CGR) por Bachi no coinciden con el análisis realizado por la oficial de créditos de la entidad cooperativa.