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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Elsa García (presidenta), Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, programó desde el 6 hasta el 10 de febrero de 2023 el juicio oral de Justo Ferreira Servín y su hija Patricia Ferreira Pascottini.
El propietario de la firma Imedic SA y su hija, la presidenta de la firma, están acusados junto al despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra por los supuestos hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, que tienen una expectativa de pena de hasta 12 años de cárcel.
Se trata de la tercera vez que el colegiado de sentencia fija fecha para iniciar el juzgamiento, ya que la primera convocatoria fue para fines de abril e inicios de mayo este año, pero se postergó para el pasado 18 de julio debido a la sobrecarga de juicio orales que tiene el Tribunal de Sentencia.
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Sin embargo, en esa fecha, el juicio oral tampoco se pudo iniciar, pero a consecuencia de la recusación que planteó la defensa de Justo Ferreira en contra de los jueces que integran el tribunal de sentencia. El 27 de julio, los magistrados fueron confirmados por la Cámara de Apelaciones para juzgar la causa.
Justo Ferreira y su hija, acusados de supuesto contrabando
El fiscal Osmar Legal, de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, señala en su acusación que la firma Imedic SA defraudó al fisco con el ingreso ilegal al país de 50 camas hospitalarias de alta gama, que fueron adquiridas previamente de la empresa panameña Máster House por un total de US$ 142.500.
Según el Ministerio Público, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000, camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.
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El 18 de abril de 2020 arribaron a Paraguay no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y el excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron al país.
Legal detalla en la acusación que el ingreso de las 50 camas fue posible porque el despachante Carlos Alberto Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, que durante la investigación del Ministerio Público se comprobó que no era auténtica.
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Por su parte, los funcionarios de Aduanas Molinas Camp y Acosta Acosta permitieron la inclusión de dichas camas en el despacho de importación y su posterior salida, sin que las mismas cuenten con la autorización de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.