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La exjefa de Control Interno de la Gobernación del departamento Central, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, fue imputada en febrero de este año e intentó frenar con innumerables chicanas el proceso penal en su contra en el caso más conocido como “Facturas clonadas”. El proceso involucra a la administración del exgobernador de Central, el colorado cartista Hugo Javier González Alegre, también imputado y con arresto domiciliario por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Tras el rechazo de los recursos dilatorios planteados por la defensa de Mazacotte en todas las instancias, se pudo llevar acabo la audiencia de imposición de medidas luego de seis meses de la imputación en el Juzgado de San Lorenzo ante la jueza María Elena Cañete. En febrero de este año los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) solicitaron su arresto como medida cautelar.
Sin embargo, la procesada fue beneficiada con medidas sustitutivas a la presión debido a que el peligro de obstrucción y fuga quedaron desvirtuados, según informaron desde la sede Judicial. También fue presentada una serie de documentos relacionados al arraigo, que fue tenida en cuenta finalmente. La Fiscalía se allanó a la decisión judicial.
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Hipótesis de la Fiscalía
Según el acta de imputación, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, le habría encargado a la también exfuncionaria de la Gobernación, Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa), pagarles “por transferencia” a los funcionarios de la institución departamental contratados, pero las facturas debían ser emitidas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), así como de otras ONG con las que operaba la Gobernación de Central durante la administración de Hugo Javier González Alegre.
Desde el 2019 la Gobernación de Central transfirió en diferentes conceptos y sin control alguno millonarias sumas de dinero a varias ONG. La institución departamental tercerizó todos sus servicios a través de las entidades sin fines de lucro.
Las facturas confeccionadas a nombre de CIAP y hechas por varios contratistas involucrados en el esquema de “factura clonadas” fueron utilizadas en la rendición de cuentas de la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) del fondo covid-19, que la Gobernación recibió del Gobierno Central en diciembre del año 2020. El dinero era para generar fuentes de trabajo en Central con el objetivo de reactivar la economía durante la pandemia.
González Alegre volvió a transferir el millón de dólares a dos organizaciones no gubernamentales: Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, imputado, quien recibió la suma de G. 5.105 millones, y el Consejo Regional de Salud, presidido en ese entonces por el doctor Hugo Cabrera, quien recibió G. 1.276 millones. En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, empresas fantasmas, entre otras groseras anomalías.
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Chicanas de Mazacotte
Mazacotte Widmer, primero solicitó la nulidad de la imputación por los fiscales de la causa en febrero de este año. Luego recusó a los miembros del Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por los jueces Andrea Vera Aldana, Bibiana Benítez Faria y Arnulfo Arias.
Pero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel de Jesús Ramírez Candia, tardaron casi tres meses para resolver esta chicana interpuesta por la imputada. Finalmente rechazaron el recurso de recusación y los magistrados fueron confirmados.
Vera Aldana, Benítez Faría y Arias rechazaron a su vez el pedido de nulidad de la imputación del Ministerio Público y la jueza María Elena Cañete fijó fecha de audiencia de imposición de medidas para el pasado 29 de agosto en el Juzgado de San Lorenzo.
Situación procesal de imputados
En total son 15 los imputados en la causa investigada por el Ministerio Público por la supuesta mala ejecución del fondo covid-19 de US$ 1 millón (G. 6.382 millones). El exgobernador Hugo Javier sigue con arresto domiciliario.
Debido a la imposibilidad de González Alegre para gobernar por la causa penal que enfrenta, la Junta Departamental nombró en su reemplazo en mayo al concejal colorado Gustavo Machuca (Fuerza Republicana) como gobernador hasta completar el periodo iniciado de mandato en el 2018.
También el titular de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Álvarez, sigue con arresto domiciliario. Quedó demostrado que su fundación, CIAP, no está habilitada para la ejecución de obras de infraestructura, aunque la Gobernación le transfirió desde el 2019 millonarios fondos para tal fin.
En la rendición de cuentas, CIAP presentó facturas presuntamente clonadas para justificar la supuesta inversión de G. 5.105 millones del fondo covid-19.
Los procesados Óscar Morel Oses, Óscar Laureano Gaete Gómez y José Félix Grau Fernández, todos contratistas, fueron beneficiados con la suspensión condicional de la causa, debido a que reconocieron la participación en los hechos denunciados. Además, aportaron valiosos datos a la investigación y los tres ofrecieron el resarcimiento del daño patrimonial de casi G. 460 millones.