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La acusación promovida por el exministro del Interior Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, este jueves 1 de setiembre de 2022 ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), es contra el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Osmar David Legal Troche y contra María Asunción Alicia Sapriza Gómez, de la Unidad Penal N° 2 Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado.
El supuesto mal desempeño de funciones que atribuye el acusador a los fiscales se habría verificado en el marco de la investigación de la causa penal N° 1-1-1-1-2022-1291, caratulada “Arnaldo Euclides Giuzio Benítez s/ cohecho pasivo agravado”.
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Detalles de la investigación penal a Arnaldo Giuzzio
El 18 de febrero de 2022, la Fiscalía General del Estado ordena la apertura de una causa penal la cual se identifica como N° 1-1-1-1-2022-1291, como consecuencia de publicaciones periodísticas y del resultado de distintos allanamientos llevados a cabo el 15 de febrero de 2022, en ciudad de Hernandarias y Ciudad de Este, realizados en el marco de un operativo denominado “Turf”, en conjunto con autoridades de la República Federativa del Brasil.
Entre los lugares allanados se encontraba la oficina de una firma llamada Black Eagle SA, como también en el marco del señalado operativo es detenido su propietario Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú.
Indica Giuzzio en su acusación: “Es así que el 22 de febrero de este año, me desvinculo del Ministerio del Interior, a fin de proteger la imagen e intereses de la institución, como consecuencia de algunas conversaciones que había tenido tiempo atrás con el Sr. Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, propietario de Black Eagle SA, firma que presta servicios de alquileres de vehículos blindados, instalación de antibandalismo en rodados, entre otras cosas, por su aparente vínculo con el narcotráfico en la República Federativa del Brasil, cuestión que categóricamente este desconocía y tampoco tenía como conocer”.
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La investigación de la Fiscalía a Giuzzio
Giuzzio indica en su escrito ante el JEM: “En el marco de la causa penal N° 1291/2022, he sido investigado de forma clandestina por los agentes fiscales Alicia Sapriza y Osmar Legal, quienes desde el 22 de febrero del año en curso, empezaron a diligenciar varios oficios a distintas entidades. Dichos oficios solicitaban informes respecto a mi persona, pues contenía mi nombre completo, número de cédula de identidad y número de teléfono, todo esto, a los efectos de indagar qué tipo de vínculo tenía con el propietario de la firma Black Eagle SA”.
Agrega: “Esto es así porque en fecha 26 de diciembre de 2021, a raíz de un imprevisto que sufre mi vehículo camino al Brasil, país al que me dirigía a fin de vacacionar unos días en compañía de mi familia, solicité al Sr. Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua el alquiler de un vehículo blindado, esto en atención a que era la única empresa de mi conocimiento, ubicado en Ciudad del Este que prestaba servicio, para lo cual procedí a firmar un contrato de alquiler y un pagaré, acto seguido me entregan una camioneta de la marca Kia modelo Carnival, color plata, blindada”.
“En ese contexto, el 4 de abril de 2022, mi representante convencional se presenta ante el Ministerio Público por instrucciones mías a los efectos de solicitar intervención en carácter de defensa técnica y copias de la carpeta de investigación fiscal, a fin de conocer el contenido de esta, ponerme a disposición y evacuar todo tipo de dudas o responder las incógnitas que tenga la representación pública”, refiere.
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Giuzzio dice que los fiscales le negaron que le investigaba
“Sin embargo, el agente fiscal Osmar Legal, mediante la Resolución Fiscal N° 6 de fecha 7 de abril de 2022, rechaza la intervención y el pedido de copias bajo el argumento de que yo no estaba siendo investigado, pues a la fecha no existía identificación de presuntos participantes, lo cual a todas luces fue mentira”, sostiene la acusación ante el Jurado.
Agrega: “Esta situación se da en clara violación al debido proceso, derecho a la defensa y todas sus prerrogativas, en razón a que categóricamente el agente fiscal Osmar Legal me negó el acceso a la carpeta fiscal pese a que el Ministerio Público desde el 22 de febrero se encontraba librando oficios, solicitando informes respecto a cinco personas específicas entre las cuales me encontraba correctamente identificado”.
“Es más, la agente fiscal Alicia Sapriza ya había citado a prestar declaración testimonial en fecha 23 de febrero de 2022 al Sr. Gilberto Enciso, quien según la propia imputación sería el gerente de la firma Blac Eagle SA que me alquiló la camioneta Kia Carnival el 26 de diciembre de 2021″.
También acusa: “Por lo que, a la luz de los hechos me encontraba siendo investigado en forma clandestina como autor de un supuesto hecho punible, sin que exista una solicitud formal de ‘reserva de actuaciones’ dispuesta en el art. 323 del CPP, a un juez competente, lo que posteriormente culminó con la formulación de una arbitraria imputación en mi contra por la comisión del supuesto hecho punible de ‘cohecho pasivo agravado’, previsto en el Art. 301 inc. 1° del Código Penal, en fecha 16 de agosto de 2022″.
“Como se podría observar, los agentes fiscales mintieron a mi representante convencional, el 7 de abril de 2022, cuando aseveraron que no tenían ninguna sospecha sobre mi persona, para negar el acceso a la carpeta de investigación fiscal”, reitera.
“No puede permitirse jamás que agentes fiscales se dediquen a mentir a los justiciables que se presentan ante el Ministerio Público a ponerse a disposición de buena fe, mediante el armado de procesos denominados comúnmente ‘cabritos’, que bajo amparo del ropaje de la carátula contra ‘personas innominadas’, son utilizadas para investigar a personas en secreto, pese a que las mismas se hayan puesto a disposición, pero con fines oscuros se les niegue el derecho a la defensa y al acceso al cuaderno de investigación fiscal”, dice en otra parte la acusación.
Prosigue: “Además de ello, la inconducta de estos agentes fiscales no varía, en atención a que en el marco de una investigación clandestina impulsada por los mismos, en fecha 10 de mayo de 2022, reciben copia íntegra de las diligencias realizadas por el Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, entre ellas un disco duro externo que aparentemente contendría datos de aparatos telefónicos incautados en un procedimiento realizado por las autoridades brasileñas que pertenecían al Sr. Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua”.
Aquí es importante resaltar, que los agentes fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza para el 10 de mayo de 2022, ya contaban con todos los supuestos ‘elementos de sospecha’ respecto a lo acontecido el 26 de diciembre de 2021, según la acusación.
Giuzzio asimismo sostiene que desde la fecha señalada recientemente al 11 de agosto de 2022, no han surgido supuestos hechos nuevos, a pesar de ello, los fiscales en la fecha citada, han solicitado al juzgado Especializado en Delitos Económicos de turno, ordenar el allanamiento de la residencia del exministro, una diligencia tan invasiva que viola tantas descripciones de normas de conductas, sin que exista un motivo real y razonable que justifique la realización de la misma 7 meses y 15 días después del supuesto hecho, o 3 meses después de conocer e contenido de las diligencias remitidas por el Ministerio de Justicia del Brasil, sostiene.
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El allanamiento a la casa de Giuzzio
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú por AI N° 323 de fecha 11 de agosto de 2022 ordenó el allanamiento a la vivienda de Arnaldo Giuzzio sobre todo lo referente al a investigación penal y sobre Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
El allanamiento fue llevado adelante el 18 de agosto de 2022 por los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza. “Luego de esta diligencia realicé una minuciosa verificación de mi domicilio y mis pertenencias, encontrándome con una gran sorpresa, varios ar chivos y/o documentos de mi propiedad que a todas luces una persona se podría percatar que no guardan relación alguna con los ‘supuestos hechos investigados’”.
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Los objetos desaparecidos durante el allanamiento son 1) carpeta denominada “Operación Michael Jackson, con documentación referente a Horacio Manuel Cartes Jara, 2) Carpeta negra con documentación específica Denuncia formulada ante la Seprelad contra Horacio Cartes, 3) Copia de la denuncia contra Horacio Cartes, 4) Copia de denuncia de René Fernández ante el Ministerio Público, 5) Carpeta Consejo de Defensa Nacional -Secretaría Permanente-, 6) Caso Molas López SA, 7) Maletín “50 Aniversario Parlamento Latinoamericano, 8) Dosier anotaciones manuscritas personales que no guardan relación con los hechos investigados, 9) DVR de CCTV color negro, entre otros objetos.