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En septiembre del año pasado, el exgobernador del departamento Central, el colorado cartista Hugo Javier González Alegre (imputado y con arresto domiciliario), transfirió G. 5.185 millones a la oenegé “Asociación Tekove de Servicio de Acción Social” para la realización de obras en espacios públicos ubicados en distintas ciudades del undécimo departamento.
En octubre de ese mismo año el Banco Nacional de Fomento (BNF) informó a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) sobre “movimientos llamativos” de millonarias sumas de dinero entre la Gobernación de Central, la ONG Tekove y una constructora contratada por la organización no gubernamental.
La Asociación Tekove de Servicio de Acción Social, presidida por Nicolás Rivas Bogado, recibió G. 5.185 millones de la Gobernación de Central, administrada en ese entonces por el exgobernador Hugo Javier González, para la realización de “obras de carácter social”.
La millonaria transferencia se hizo en un solo día, el 30 de septiembre del 2021, mediante varios cheques.
A su vez, casi de forma inmediata, Tekove realizó dos transferencias de parte de ese dinero, en total G. 4.976 millones, a la constructora “DL Architecture, Proyectos y Construcciones”, cuya propietaria es Noelia Rodas Maciel, contratada por la oenegé de Rivas para la ejecución de las obras.
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Fiscalía designó agente para investigar caso de Hugo Javier
El Ministerio Público designó a la agente Natalia Fuster para la investigación. En este contexto, en noviembre, la fiscal allanó la oenegé Asociación Tekove de Servicio de Acción Social y la constructora “DL Architecture, Proyectos y Construcciones”.
En ese tiempo, durante los procedimientos los intervinientes no encontraron ningún comprobante legal sobre la ejecución del dinero.
Los supuestos hechos investigados en principio son producción de documentos no auténticos, lesión de confianza, asociación criminal, entre otros.
Ministerio Público solicitó informes a la Gobernación de Central
La fiscala Natalia Fúster solicitó varios informes a la Gobernación de Central sobre la transferencia realizada, también a la Junta Departamental sobre el proyecto de obras en espacios públicos y el convenio firmado, homologados por el cuerpo legislativo.
Asimismo, a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), al Ministerio de Hacienda, Abogacía Nacional del Tesoro, entre otras instituciones.
También pidió informe sobre el estatuto social, conformación de comisión directiva actualizada y sobre las actividades competentes a Tekove y la constructora.
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Se esfuman las sospechas
Fúster mencionó que la principal sospecha que es desvío de fondos quedó totalmente “descartada”.
“Al inicio de la investigación la hipótesis que se manejaba era que supuestamente los fondos de la Gobernación de Central eran utilizados para realizar obras en el departamento de Cordillera, en la ciudad de Santa Elena, ya que la constructora también estaba ejecutando obras en la zona. Tenemos toda la documentación que lo respalda”, aseguró.
La fiscala indicó que ahora el principal enfoque es confirmar que el dinero otorgado por la Gobernación haya sido correctamente utilizado en obras de calidad en el departamento Central justificando el desembolso. Insistió en que la certeza la tendrán mediante la fiscalización de obras que realizará la Contraloría General de la República (CGR).
Informe de Contraloría
También la CGR informó a la Fiscalía que la rendición de cuentas (presentación documental) sobre la ejecución de la transferencia fue hecha en tiempo y forma por la ONG Tekove.
“El informe de la Contraloría fue recibido el 13 de julio con la documentación accesoria y nos dicen que esa rendición de cuentas no significa una aprobación de la misma y que posteriormente ellos, a través de las Unidades Organizacionales de Gestión Misional competente, van a hacer también una fiscalización con relación a la documentación presentada así como a las obras culminadas”, dijo la fiscala.
Fúster destacó que “de acuerdo al resultado final de ese informe (fiscalización de obras), el Ministerio Público va a poder tomar una determinación o una decisión en relación a cómo prosigue esta causa. Si se aporta algún elemento suficiente que pueda dar inicio a una imputación o dar por finiquitada la causa”, afirmó.
Explicó además que la denuncia ingresó al Ministerio Público en octubre del año pasado, momento en que “las obras estaban siendo ejecutadas”, teniendo en cuenta que la transferencia fue realizada en septiembre del mismo año y que “la mayoría tenía un plazo de seis meses” para su culminación y entrega, es decir, hasta abril de este año.
Agregó que de forma simultánea la ONG Tekove rindió cuenta a la Contraloría General de la República y entregó copias de las mismas facturas al Ministerio Público.
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La ONG está habilitada para hacer obras
Según declaraciones de Fuster, quedó debidamente comprobado que tanto la Asociación Tekove de Servicio de Acción Social, como la constructora “DL Architecture, Proyectos y Construcciones”, están correctamente habilitadas para impulsar la realización de obras de infraestructuras.
“La ONG tiene una antigüedad de más de 20 años y está habilitada para esos rubros y la constructora también, se pidieron todos los informes, tenemos los estatutos y verificamos que ya habían hecho otros trabajos anteriores”, manifestó.