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El juicio oral y público al exintendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos, liberal dionisista, se inició el 1 de agosto y tenía que terminar el 12 del mismo mes, pero varios incidentes registrados prolongan la sentencia.
El tribunal que lleva adelante el juicio al exjefe comunal está integrado por Claudia Criscioni (presidenta); Yolanda Morel y Yolanda Portillo (miembros).
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Los primeros días del juicio, la fiscala de la causa María José Pérez, recusó al tribunal por dudar de la imparcialidad, luego se cambió la sala del juicio sin avisar al ministerio público y ahora quedó suspendido porque el colegiado está sobrecargado de actividades.
Todas estas acciones generan suspicacias. La ciudadanía se encuentra expectante de la sentencia final de este proceso que se inició en octubre de 2016. Este jueves 1 setiembre se tiene previsto reanudar el juicio a Mendoza Ramos.
Declararon los peritos contables
Ayer lunes declararon los peritos auditores contables del ministerio público y del acusado. El profesional de la fiscalía resaltó que encontró varios conceptos de gastos sin respaldo justificativo en la gestión de Mendoza (2012-2015), en su primer cuatrimestre.
También aclaró que precisaba realizar una pericia ampliatoria y complementaria, debido a que no pudo analizar todas las documentaciones por las sucesivas recusaciones a la fiscala de la causa, por el acusado exintendente, y que dejó de tener acceso a la totalidad de las documentaciones.
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La fiscala de la causa, María José Pérez, aclaró además que está prevista la realización de la prueba admitida de ampliación de pericia de auditoría y de obras.
“El juicio fue suspendido, y continuará el jueves, pero ayer ya declararon los peritos contable del ministerio público y del acusado. El perito del acusado acotó que encontró saldos positivos, pero deberá de responder al contra examen por parte de la fiscalía”, expresó Pérez.
Para la reanudación del juicio oral y público al extitular de la comuna sanantoniana están citados los primeros testigos del ministerio público, según adelantó la agente fiscal de la causa.
Mendoza Ramos fue acusado por supuesta lesión de confianza, por el mal uso de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y se menciona un daño patrimonial que supera los 715 millones de guaraníes, correspondiente al primer periodo de gobierno (2010-2015).