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El defensor de Pueblo, Miguel Godoy, respondió la denuncia presentada en su contra por presuntamente fomentar un esquema ilegal de recaudación a través de la objeción de conciencia.
El mismo fue denunciado por el hecho punible de exacción (cobro indebido de impuestos, multas, deudas) por un supuesto esquema de recaudación ilegal. Ante esto responde que la objeción de conciencia fue reglamentada por el Consejo de Objeción de Conciencia y faculta al Estado cobrar una compensación de aproximadamente G. 400.000.
“Anteriormente tuvimos como 20 reuniones por el Consejo para la reglamentación de la Ley Nº 4013/10. Se estableció la reglamentación del pago a través de resoluciones. Desde el 2019 es lo que se recaudando y de manera legal”, explicó Godoy.
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La abogada Diana Vargas denunció hoy que el pago lo deben hacer quienes se hayan declarado objetores antes de la entrada en vigencia de la ley, en las Comisiones de Derechos Humanos del Senado o en la Cámara de Diputados.
Por otro lado, el defensor del Pueblo, aclara que la Ley dice que las personas que se hayan declarado objetores antes del 2010 están exentas al pago. “Es totalmente al revés. Las personas que deben pagar son a partir de la conformación del Consejo de Objeción de Conciencia y la reglamentación de la Ley”, explicó.
Aclaró que esta disposición fue socializada a través de los medios de comunicación en su momento.
Menonitas son los que pagan por la objeción
Sobre el pago por la objeción de conciencia, detalló que en su mayoría son los menonitas que recurren al acceso de este carnet. Además de algunos trabajadores que son solicitados de este documento. “Hay gente que paga por el carnet porque necesita”, manifestó.
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Señaló que son pocas las personas que se interesan para registrarse como objetor de conciencia, declararse como insolvente o pagar por el carnet correspondiente ya que no existe ninguna sanción.
La Defensoría del Pueblo, entre julio del 2020 al 31 de diciembre del 2021 recaudó G. 1.823.787861, según informes oficiales del Ministerio de Hacienda.
En el 2020 la Defensoría del Pueblo recaudó G. 1.479.337.292, mientras que en el 2021 G. 344.450.569, donde bajó la recaudación sustancialmente.
Pago se hace por BNF y no por Defensoría del Pueblo
Godoy aclaró que el pago para el acceso al carnet de objetor de conciencia, según se reglamentó, se realiza por el Banco Nacional de Fomento. El dinero está disponible para el Ministerio de Hacienda y luego es habilitado para los gastos de la Defensoría del Pueblo.
“El dinero va como presupuesto de la Defensoría del Pueblo. Es nuestro salario y con eso pagamos las hojas y el mantenimiento de esta institución”, se defendió Godoy.
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Asimismo, aclaró que se trabaja con muchas organizaciones al respecto.
Según el proyecto de ley los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas de la objeción de conciencia, y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y la adolescencia en situación de pobreza dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación de la Defensoría del Pueblo.
Anuncian acción legal contra abogada denunciante
Miguel Godoy anunció que mañana miércoles presentará una denuncia contra la abogada Diana Vargas por denuncia falsa. “Si cobrábamos de manera ilegal, el senador Querey, el diputado Raúl Latorre y yo deberíamos estar procesados”, dijo.
Aclaró que esta denuncia presentada por la abogada busca generar un golpe mediático contra algo que está totalmente reglamentado bajo una Ley.
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En junio de 2010 se promulgó la Ley 4013, que en su artículo 21 señala que quedan exceptuados de cumplir con el Servicio Militar Obligatorio quienes hayan dejado constancia de su objeción de conciencia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados o la de Senadores en fechas anteriores a la promulgación de la ley.
Actualmente, las personas que desean obtener el carnet de Objetor de conciencia, deben ir a la Dirección de Objeción de Conciencia, sobre la avenida Rodríguez de Francia en Asunción.
“Los mismos deberán optar entre prestar el servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a cinco jornales mínimos”, señala la normativa.