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Una grave denuncia fue presentada este martes ante el Ministerio Público por la abogada Diana Vargas contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy.
Lo demandó por el hecho punible de exacción (cobro indebido de impuestos, multas, deudas) por un supuesto esquema de recaudación ilegal.
Según la jurista, Godoy estuvo desde el 2019 hasta ahora siguiendo un método de “apriete”, para cobrar una contribución a jóvenes que buscan gestionar su carnet de objetores de consciencia.
Cabe destacar que la objeción de consciencia es un derecho constitucional, y establece que su reglamentación no tendrá carácter punitivo.
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Solo debían pagar quienes tramitaron antes del 2010
La abogada detalló que en el año 2010 se reglamentó en el artículo 21 de la Ley 4013 que el pago lo deben hacer quienes se hayan declarado objetores antes de la entrada en vigencia de la ley, en las Comisiones de Derechos Humanos del Senado o en la Cámara de Diputados.
“Según esta ley, las personas que se declararon objetores antes del 2010 podían optar por hacer el servicio civil sustitutivo, o pagar una contribución de cinco jornales”, describió la denunciante.
Este pago es el que el defensor del pueblo está cobrando a todo aquel que desde el 2019 haya gestionado su carnet de objetor de consciencia, según la abogada Vargas.
La jurista explica que es el cobro irregular porque la ley habilita cobrar a quienes hicieron su declaración de objeción antes del 2010, y no en adelante.
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Más de 2.000 millones en recaudación
“En una interpretación antojadiza y con fines recaudatorios, el defensor cobra de 2019 a 2021 a más de 4.000 jóvenes una suma superior a los G. 400.000. Eso llega a casi G. 2.000 millones de recaudación irregular”, resaltó la abogada.
En la denuncia se presentan algunas circulares que quitó la Defensoría del Pueblo modificando artículos de la ley, hecho que es sumamente grave. “Increíblemente, la Defensoría remitía comunicaciones a las empresas, donde les decía que debían recordar a sus empleados cumplir con la obligación constitucional y tener sus declaraciones de objetores. Además, le anexaban un boletín informativo sobre la objeción de consciencia, en el que tenían la osadía de modificar el texto del articulo 21 de la ley. Le ponían ‘quienes se declaren objetores ante la Defensoría del Pueblo’, cuando el texto original dice ‘quienes se declaren objetores ante las Comisiones de Derechos Humanos antes de la entrada en vigencia de esta ley’”, detalló Diana Vargas
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La jurista indicó que esta ley no prevé actualmente que los objetores paguen esa contribución, sino que establece un Consejo Nacional de Objeción de Consciencia, presidido por el defensor del Pueblo.
Proyectan modificar ley “según les conviene”
Repudió que Godoy haya interpretado la ley “de modo que le genere ingresos, y no contento con malinformar y presionar a las empresas, promueve una modificación legislativa”.
Alertó que justamente, la Defensoría presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, que busca modificar esos artículos que no les convenían.
“Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, puntos que dan una muerte civil a quienes no tengan el carnet de objetores, para que todos vayan corriendo a gestionar y paguen y tenga más ingresos”, criticó la abogada.
“Sabían lo que hacían”
Detalló que en el artículo 21 le dan “unas vueltitas de modo a que les permita blanquear lo que están haciendo”.
“Este proyecto de ley es la prueba de que ellos tenían clarísimo lo que hacían”, sostuvo la abogada.
Justamente mañana se trata este proyecto de ley en Cámara de Senadores, y ya tiene media sanción en Cámara de Diputados. La abogada mencionó que durante la tramitación hubo pedido de informes, y en esas contestaciones el defensor agregó incluso las boletas de depósito al BNF en una cuenta de la Defensoría.
“No sabemos qué se ha hecho con ese dinero, esperemos que al Fiscalía investigue”, dijo Diana Vargas.