Sesión para tratar denuncia contra Osmar Legal y Lorenzo Lezcano se define este lunes

La mesa directiva del Senado definirá este lunes fecha para continuar con la sesión en la cual se tratará la presentación de una denuncia contra los fiscales Osmar Legal, Lorenzo Lezcano y Sandra Quiñónez. El proyecto fue presentado por la senadora Desirée Masi (PDP).

Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado.
Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado.

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El tratamiento del proyecto de declaración para presentar una denuncia contra la fiscala general Sandra Quiñónez y los agentes Osmar Legal y Lorenzo Lezcano estaba el jueves último en el orden del día de la sesión ordinaria del Senado. Su estudio, sin embargo, quedó en cuarto intermedio debido a la falta de quorum.

La mesa directiva de la Cámara Alta deberá definir este lunes una nueva fecha para tratar la iniciativa presentada por la senadora Desirée Masi (PDP). Según la legisladora, existe apoyo de sus colegas para aprobar la presentación de la denuncia contra los representantes del Ministerio Público.

Masi, en sus escritos, relata las supuestas irregularidades cometidas por los fiscales Legal, Lezcano y Quiñónez. Cita, incluso, hechos aparentemente punibles, como frustración de la persecución penal y ejecución penal con agravantes e inducción a un subordinado a un hecho punible.

En el caso de Lezcano y Quiñónez, el pedido es presentar una denuncia penal por una supuesta actuación dolosa en la causa que investigaba una estructura presumiblemente criminal, integrada por el uruguayo Sebastián Marset (prófugo). En el escrito de la legisladora, se relata que Lorenzo Lezcano –exministro del Interior y titular de Inteligencia durante el gobierno de Horacio Cartes– accedió, en mayo del año pasado, a informes del Comando Tripartito, en los cuales se alertaba sobre el esquema creado por Marset.

Sin embargo, pese a datos concretos, no existieron avances investigativos que habrían ayudado a la fuga del uruguayo, principal objetivo en marco de la megaoperación “A Ultranza Py” como también los asesinatos de Mauricio Schuartzman (ocurrido el 12 de setiembre de 2021) y del fiscal Marcelo Pecci (10 de mayo de 2022, en Colombia).

A esto se suma el atentado que sufrió el 25 de abril de 2022 uno de los efectivos policiales que investigó el esquema Marset y precisamente entregó las alertas al fiscal Lezcano.

En el caso de Legal, los cuestionamientos giran en torno al nulo avance en causas graves como presunto lavado de dinero y en el cual involucra a Darío Messer, “hermano del alma” del “significativamente corrupto” para EE.UU., Horacio Cartes.

También se cuestiona su poco interés por esclarecer el aterrizaje del avión iraní, ligado a supuestas organizaciones terroristas. Esto, pese a la denuncia realizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en la cual se muestra nexos claves con personajes cuestionados.

Tal es el caso de Federico Ezequiel Santoro Vasallo, que, a pesar de figurar en la red Marset y estar conectado con el avión iraní, no existe proceso en su contra. Ni siquiera es molestado por el Ministerio Público.

Lindomar Reges, otro fugitivo

El fiscal Lorenzo Lezcano no solo manejaba datos sobre Sebastián Marset sino también acerca del prófugo Lindomar Reges Furtado, objetivo de la operación Turf. Lindomar logró fugarse el 15 de febrero último en las narices de una comitiva fiscal-policial del Paraná Country Club de Hernandarias.

Nexos con tabacalera y Dalia López

El Ministerio Público igualmente tiene en sus manos el análisis de otras conexiones clave en torno al aterrizaje en Paraguay del avión iraní-venezolano, ligado al terrorismo. Esto, en base a la denuncia ampliada de la Senac y publicada el 9 de julio por ABC.

Uno de los puntos llamativos era que el empleado de una asidua proveedora de servicios a Tabacalera del Este SA (Tabesa), cuyo principal accionista es Horacio Cartes, aparecía como el agente de transporte del avión iraní-venezolano que estuvo en nuestro país entre el 13 y 16 de mayo último. Para coincidencia, la aeronave arribó para llevar cigarrillos de esa tabacalera.

Se trata de Osmar Santiago Caballero Benítez, quien se presentó como personal de Mike Air Service, de José Melot. Sin embargo, según registro del Instituto de Previsión Social (IPS), Caballero Benítez es empleado de otra firma con la denominación de High Point SA.

Esta última compañía, para más sorpresa, tiene operaciones con Elvisan SA e Income Company Import Export SA. Ambas empresas están vinculadas a la prófuga e imputada Dalia López, puesto que su compañía de venta de espacio aéreo, Permanent Orient, utilizaba constantemente a Elvisan para realizar sus despachos de importaciones.

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