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Sin embargo advierten que “los que deben pagar a tales extrabajadores son quienes fueron sus empleadores”. Las empresas paraguayas Conempa, Ecomipa y CIE, que fueron las principales y que estuvieron lideradas por los denominados “Barones de Itaipú”, no transfirieron beneficios a sus exfuncionarios, tal como lo hicieron sus pares brasileños”.
Las citadas organizaciones proponen, como una vía posible, de existir voluntad política, “anular el contrato directo, sin licitación pública –y más que probablemente inconstitucional– a favor de la empresa Tape Porã, concesionaria las rutas 2 y 7 y que va a tener, según cálculos realistas, unos 900 millones de dólares de beneficios en los años que restan de su concesión, monto que alcanzaría para cubrir el reclamo de los ex trabajadores de Itaipú”.
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Reiteran que Tape Porã pertenece a “Barones de Itaipú”, como Giménez Gaona y Wasmosy, “que se han enriquecido ilícitamente con contratos directos, sin licitación alguna, y, para peor, no pagando a sus trabajadores lo que correspondía, tal como percibían sus similares brasileños”.
Concluyen que están a favor de que se cumplan todos los derechos laborales, como debieron cumplir cumplir en su momento.