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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el senador Hugo Richer habló del proyecto de ley “De vigilancia y protección del espacio aéreo”, cuyos proponentes pedirán hoy en la Cámara de Senadores aplazar su tratamiento por ocho días, luego de una reunión ayer de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso que también incluyó a representantes de la Fuerza Aérea.
Existen dos versiones del proyecto: la de Diputados, que se limita a permitir a la Fuerza Aérea tomar medidas de “persuasión” no letales como disparos intimidatorios para repeler a aeronaves desconocidas del espacio aéreo paraguayo u obligarlas a aterrizar, y la del Senado, que autoriza el derribo de esas aeronaves sospechosas una vez agotados esos procedimientos de persuasión.
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El senador Richer señaló que el espacio aéreo paraguayo es extremadamente vulnerable; de hecho, es frecuentemente utilizado por narcotraficantes para mover drogas por vía aérea, por lo que -a juicio del legislador- la aprobación de la ley es “un tema de seguridad”.
Análisis constitucional
Sin embargo, la implementación del derribo de aviones, que tendría consecuencias casi seguramente fatales para los ocupantes de la hipotética aeronave desconocida a ser interceptada, tiene implicancias constitucionales que aún están siendo analizadas.
El senador Richer señaló que algunos asesores constitucionales indican un posible conflicto con el artículo 137 de la Constitución Nacional, cuyo texto reza: “La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado”.
La forma en que el artículo está redactado podría interpretarse como que “los convenios internacionales ratificados por ley son superiores a las leyes dictadas por el Congreso”, incluyendo el Convenio sobre Aviación Civil firmado en Chicago en 1944, que señala que los Estados firmantes deben abstenerse de recurrir al uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo y que en caso de interceptación no deben poner en peligro la vida de los ocupantes de las aeronaves.
De esa forma, se podría interpretar que “de aprobarse este proyecto estaríamos violando normativas de carácter superior”, explicó el senador.
Sin embargo, agregó que países de la región como Brasil, Perú o Uruguay, también firmantes del convenio de Chicago, sí contemplan en sus legislaciones el derribo de aviones desconocidos.
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Rechazo de EE.UU.
La posible aprobación del proyecto de ley ha sido cuestionada por representantes del Gobierno de los Estados Unidos, incluido el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de ese país, Mark Wells, quien tocó el tema con representantes del Gobierno paraguayo durante una reunión el miércoles.
Previamente, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay dijeron que, de aprobarse el proyecto de ley, el país norteamericano podría cortar su cooperación con Paraguay en materia de entrenamiento para la Fuerza Aérea.