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La Secretaría Estado de Tributación (SET) decidió ignorar abiertamente las recomendaciones realizadas por el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Así quedó de manifiesto con la presentación de evidencias durante el juicio planteado por la exviceministra cartista contra la directora y un periodista de ABC Color, Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano.
Pedido de Marta
El 16 de octubre de 2013, poco después de haber asumido como titular de la SET, Marta González remitió al entonces ministro de Hacienda, Germán Rojas, una nota en la que solicitaba autorización para “llevar adelante el proceso licitatorio por vía de la Excepción”.
En concreto, González hacía referencia al proceso de implementación de mejoras en el Sistema Tributario Marangatu y adelantaba que el costo sería de unos US$ 1.400.000 para un llamado plurianual.
De acuerdo a lo que se desprende de los documentos, la intención era utilizar la vía de la excepción para contratar a un oferente en particular, alegando conocimiento y capacidad técnica.
Advertencia de DNCP
Rojas derivó el expediente al entonces titular de la DNCP, Pablo Seitz Ortiz, para consultar la viabilidad del proceso al que quería recurrir la SET. Y ya entonces, Seitz manifestó que la vía de la excepción no podía ser aplicable.
“La convocante alega la experiencia y el conocimiento del proveedor requerido, sin embargo, dicha indicación no acredita el proceso de vía excepción”, manifestó Seitz.
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“Para la implementación el informe técnico deberá acreditar que la empresa invitada es la única capaz de otorgarle el servicio deseado yla aclaración de cuál sería la eventualidad (daño, necesidad) en caso de que el presente procedimiento no sea realizado por el contratista deseado”, agregó en su dictamen el titular de la DNCP.
“Urgencia impostergable”
“La exposición refleja además que realizan “urgencia impostergable”, pero ella no justifica la contratación de un proveedor en particular; en caso de que proceda la vía de excepción, esta debería ser abierta a modo de dar participación a cualquier potencial oferente”, sentenció el documento.
“Lo que dice este documento es que no puede ser realizada una contratación por la vía de excepción por razones técnicas sin justificar que es el único proveedor, sin exagerar diría yo, en el mundo. La razón técnica que ampara una contratación por la vía de la excepción vuelve a la contratación, literalmente directa”, afirmó Seitz al comparecer como testigo en el juicio contra nuestros compañeros de trabajo y al ser consultado al respecto.
“Si hubiese otro en el mundo, se debería realizar una licitación pública internacional”, aseveró.
Historia repetida en la SET
La SET desoyó esa recomendación y terminó realizando la contratación por la vía de la excepción. El contratista esa vez fue el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) en un contrato firmado en diciembre de 2013. No hubo competencia alguna para un proceso de más de G. 8.000 millones.
Dos años y meses después, en abril de 2016, Tributación volvió a recurrir a la vía de la excepción por otra supuesta “urgencia impostergable”. En esa oportunidad fue para la actualización del sistema Marangatu y contrató de forma directa al CIAT. El argumento volvió a ser el de la experiencia, conocimiento previo y la urgencia, los mismos que la DNCP les había dicho en 2013 que no podían utilizar para contratar directamente a un contratista.
En 2016, se entregaron US$ 3 millones al CIAT y se utilizó una denominación no prevista en la ley, según dijo el propio Seitz: la SET denominó al proceso “Excepción para la Contratación Directa”.
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Marta González, entonces titular de Tributación, también formaba parte de la Comisión Directiva del organismo internacional al momento de la firma del millonario contrato.
La propia González y varios altos funcionarios de la SET reconocieron durante el juicio contra nuestros compañeros que ya en 2013 habían recibido avisos sobre componentes vencidos del “Marangatu 1.0″, sin embargo esperaron tres años para la compra de la actualización.
Además, documentos internos de la SET revelados en el juicio confirmaron que en el proceso de 2016, la intención fue siempre la contratación directa del organismo internacional.
Además, los documentos revelados en el proceso contra nuestros compañeros también revelan que el CIAT terminó subcontratando a una empresa panameña para los trabajos.