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La Cooperativa Tavarory se creó para otorgar viviendas sociales. Pero tras varias denuncias por irregularidades, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) intervino la cooperativa, decidiendo llevarla a liquidación debido a presuntos faltantes por montos que oscilan los G. 2.400 millones, y malversaciones cometidas durante la administración de Aldo Pereira, quien ejerció la presidencia de la cooperativa, según las denuncias realizadas.
Ante esta situación, se conformó una comisión liquidadora que debía finiquitar los trámites para presentar un plan de pago a la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
La misma comisión liquidadora sufrió varios cambios ante renuncias e incluso fallecimiento de sus miembros, por lo que tuvo que ser reintegrada. Actualmente los miembros se niegan a firmar la dación de pago para saldar la deuda con el MUVH, lo que pone en riesgo las viviendas de al menos 32 familias, ya que la cartera de estado podría ejecutar el pago, lo que derivaría en un remate de las casas, según denuncia el abogado César Giménez, representante de las familias.
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MUVH aceptó dación de pago, pero miembros se niegan a firmar
La comisión liquidadora reintegrada recibió hace poco la respuesta del MUVH con relación a la deuda que mantiene la Cooperativa Tavarory con la institución pública. En la misma, la cartera de estado aceptó la dación de pago de un inmueble que está a nombre de la cooperativa, pero aclara que hay un saldo de deuda impaga que debe estar en la escritura pública, ya que los fondos eran públicos, por lo que se debe dejar constancia del destino de cada guaraní.
César Giménez aseguró que esta nueva comisión liquidadora reintegrada no quiere firmar, poniendo excusas que no tienen que ver con lo legal. “En el caso de que no firmen una propia dación de pago que ellos mismos solicitaron, al ministerio no le va a quedar otro camino que ejecutar la hipoteca e ir a remate”, explicó en conversación con ABC.
Ante este escenario, serán las viviendas que ya están ocupadas por las familias beneficiarias, y que ya corrieron con todos los gastos administrativos - pago de impuestos, escribanía, etc. - las que irán a remate, según explicó el abogado.
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Perderían casas en las que viven hace más de 10 años
Giménez refirió que estas familias viven en los inmuebles ubicados en Limpio, y son en total 32 las que serían afectadas por le remate. Enfatizó que son familias trabajadoras, que están ahí hace más de 10 años, algunas incluso 15 años. Contó que cuando recibieron las viviendas estas eran puro armazones, y las propias familias debían terminarlas, haciándolas habitables.
Giménez aclaró que el Incoop tiene que guiar y formar a la comisión liquidadora a fin de hacerles entender que no es nada ilegal lo que van a hacer. Esto considerando que desde el Incoop no puede presionarles a los miembros de la comisión.
El representante de las familias explicó que la comisión se niega ante un total desconocimiento de lo que implican sus funciones, ya que toman la firma de la dación de pago como una cuestión personal de ellos, ya que son los firmantes.
En ese sentido explicó que no se trata de un crédito personal, más bien es un crédito de una institución, de una comisión liquidadora que asume responsabilidad institucionalmente.
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