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Este martes, el presidente de la Comisión de Bienestar Rural de la Cámara de Diputados, Pastor Vera Bejarano, recibió a los presidentes del Indi, Omar Pico, y Gail González Yaluff, del Indert, para aclarar la situación que existe en las tierras del distrito de Itakyry.
El pasado fin de semana, en este territorio se generó un conflicto armado cuando familias de la comunidad Ka’a Poty del pueblo Avá Guaraní se asentaron en ese lugar, pero aparentemente se trataría de una confusión, pues los colonos que allí habitan dicen tener los títulos de propiedad válidos comprados del Indert.
El diputado Pastor Vera Bejarano explicó que tras la reunión llegaron a la conclusión de que el Indi hablará con los indígenas y que, de hecho, ya empezó a trasladarlos a tierras alternativas, en tanto se hace una mensura judicial para ubicar a las tierras que realmente les corresponden, que no serían estas, sino unas que están en el departamento de Caaguazú.
Una equivocación
Vera Bejarano explicó que las tierras del distrito de Itakyry son propiedad privada y por una equivocación se llevó ahí a los nativos. “Así que el trabajo de la comisión en este caso es cooperar y buscar una salida a esa situación urgente, porque hay varios indígenas apresados y otros que están en una situación vulnerable, además de una propiedad invadida”, resaltó.
Además de los titulares del Indi y del Indert, se conversó con la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado para una reunión conjunta en la que se cooperará para encontrar una solución a esta problemática.
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Están asesorando a indígenas
Con respecto a los indígenas privados de su libertad, el presidente del Indi dijo que ellos tienen comunicación con abogados que están a su disposición y los representarán jurídicamente, a fin de asegurar el debido proceso.
Como buena noticia, Pico mencionó que el Indert realizó un trabajo técnico y ya se pudo ubicar georreferencialmente la propiedad del Indi en otro lugar.
“Habría un error en los primeros planos que se presentaron y con esos planos ellos se ubicaron en ese lugar en el año 2016 aproximadamente, que fue el primer desalojo, pero esta propiedad fue comprada en el ‘97. Hoy nos trajeron los técnicos del Indert un estudio de las escrituras y la propiedad existe; el problema es de ubicación”, resaltó Pico.
Los están trasladando a sitios provisorios
Por otro lado, dijo que por una cuestión de seguridad y derechos humanos no creen conveniente que los nativos permanezcan en la zona en tanto sale el finiquito de la mensura judicial, que es lo que les dará la ubicación exacta de esta propiedad.
Para trasladarlos, ofrecerán varios lugares. De hecho, desde el lunes comenzaron a mudando a niños y mujeres y para hoy están previstos otros traslados.
Las tierras correctas de los indígenas tienen 1.361 hectáreas y su ubicación exacta se definirá luego de la mensura judicial.
El presidente del Indi resaltó que las propiedades no son de la institución sino de las comunidades y cada una de ellas tiene su personería jurídica.
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“Se otorgaron títulos válidos”
Por su parte, Gail González Yaluff detalló que esta es una fracción adquirida por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) que se habilitó como colonia y luego de un loteamiento se otorgaron títulos válidos.
Añadió que, tras entregar el informe técnico, están a disposición del Indi para cooperar en la ubicación de esa fracción que, según tiene entendido, está en el departamento de Caaguazú.
“Tenemos el interés en darle garantías a los colonos a quienes hemos otorgado títulos”, sostuvo González Yaluff.
Como problemática, la presidenta mencionó que existen muchas fracciones que están siendo explotadas por quienes no son sujetos de la reforma agraria.
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El problema de las medidas cautelares
Esto acarrea que colonos que fueron adjudicados no puedan entrar a sus tierras por medidas cautelares, teniendo una resolución del Indert. “También pasa por una cuestión de los juzgados en que dan medidas cautelares y no tienen en cuenta que el Indert tiene el título de propiedad”, explicó la presidenta.
Indicó que existen juicios de reivindicación de inmueble en contra de estas personas para revertir al patrimonio de la institución todos esos lotes. También se cuenta con un equipo de abogados que atiende desacatos de medidas cautelares, puntualizó.
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