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Un total de US$ 1.788.524 es lo que debía pagar el CIAT a la firma Ideati SA por la realización de los trabajos informáticos del Servicio de Actualización tecnológica del sistema de gestión tributaria Marangatu.
Así quedó revelado en el marco del juicio planteado por la exviceministra cartista Marta González Ayala contra la directora y un periodista de ABC Color, Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano.
El proceso judicial sigue revelando documentos que confirman todavía más las publicaciones realizadas por nuestro diario.
Un mes antes del contrato
Fue el propio Jacinto Santa María, esposo y abogado de González Ayala, quien leyó el documento por el cual se confirma la subcontratación realizada por el organismo internacional.
El documento fue firmado por Marcio Ferreira Verdi, secretario general del CIAT, y Pablo Eduardo Méndez, apoderado general de Ideati SA.
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El contrato entre el CIAT y su subcontratista fue rubricado el 18 de mayo de 2016. Esto fue un mes antes de que el organismo firmara el acuerdo correspondiente con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
De acuerdo a los documentos que forman parte del proceso judicial contra nuestros compañeros, la SET suscribió el contrato con el CIAT recién el 17 de junio de 2016.
Subcontratados
En el documento firmado entre el CIAT e Ideati, la firma panameña es denominada “empresa colaboradora”, aunque en los documentos remitidos a la SET se habla claramente de la subcontratación de la misma.
En el primer punto del acuerdo se establece que la empresa panameña será la encargada de la realización de los servicios informáticos relacionados al Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Actualización del Sistema Marangatu.
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En el cuarto párrafo es donde se establece el monto del contrato.
El CIAT fue adjudicado inicialmente con un contrato de US$ 3.614.280. De ese total, cerca de la mitad quedó en manos de la empresa panameña.
“Únicos” con experiencia
El CIAT fue adjudicado a través de un contrato directo por la vía de la excepción debido a que supuestamente el organismo internacional era el único con la capacidad técnica para realizar el trabajo tributario e informático que conllevaba la actualización del sistema Marangatu.
Tal fue la situación que la SET desoyó a empresas paraguayas que presentaron protestas contra el Pliego de Bases y Condiciones, solicitando que el proceso de compra se realizara en lotes para permitir mayor participación y competencia.
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Según los documentos de la propia SET que fueron leídos durante el juicio por el abogado de Marta González, no se podía dividir en lotes debido a que eso representaría problemas de coordinación.
Sin embargo, los documentos confirman que existió una subcontratación para la realización de los trabajos informáticos y que no fue únicamente el CIAT el encargado de la ejecución del proyecto.
Además, el contrato se extendió por 30 meses, aunque la SET aseguró que se trataba de una “urgencia impostergable”.
No pidió informes
Gustavo Zarza, juez instructor de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), había reconocido semanas atrás que no solicitó informes al CIAT sobre pagos o trabajos realizados por Ideati SA.
Aún sin tener estos documentos a la vista, Zarza emitió un dictamen en el que aseguró que no existía subcontratación por parte del organismo internacional.
Ese documento firmado por Zarza es en el que basa su primera querella la exviceministra de Tributación González Ayala.