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La Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y delitos conexos (CBI) convocó al expresidente de la República Horacio Cartes a presentarse hoy a las 10:00 ante el Congreso. Ante la negativa del exmandatario, la CBI planteó un pedido de auxilio judicial, a fin de obligar a Cartes a comparecer para dar su versión, con el uso de la fuerza pública si fuere necesario.
En la presentación firmada por el senador Jorge Querey, entre otros parlamentarios, la CBI aclara que la citación al expresidente no es en el marco de un proceso judicial, ya que el mismo es exclusividad de los órganos jurisdiccionales, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.
En ese sentido, precisan que la Comisión se creó para investigar los hechos connotados y públicos, a fin de elevar un informe a las Cámaras del Congreso.
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Contrariamente a lo esperado, lejos de obtener una pronta respuesta de la Justicia, el pedido de la CBI se convirtió en una “pelota tatá” en tribunales y hasta ahora ni siquiera tiene un juez que lo atienda.
Argumento de los jueces para no atender el pedido de la CBI
El pedido de auxilio recayó primeramente en el juzgado penal de garantías N° 4, a cargo de Raúl Florentín, entonces de turno. Sin embargo, el magistrado argumentó que la cuestión planteada recaía bajo la competencia de los juzgados especializados en delitos económicos, por hacer referencia al hecho punible de lavado de dinero.
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Es así que la causa fue derivada al juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos N° 1, a cargo de Humberto Otazú, quien también se declaró incompetente para atender el caso. El magistrado sostuvo que no corresponde a los juzgados especializados atender peticiones de esta naturaleza, debido a que no se trata de una investigación penal ni un acto investigativo del Ministerio Público.
“(...) resaltamos una vez más que el juez penal de garantías ordinario, que entienda en el estudio de lo solicitado por la CBI, no estaría resolviendo acerca de la existencia o comisión tan siquiera, investigación sobre hechos punibles de lavado de dinero y/o narcotráfico, sino que simplemente es acerca del estudio de una solicitud judicial. Los solicitantes no han descripto los hechos ni adjuntado documentaciones que hacen a la cuestión de fondo porque dicha solicitud no obedece a una investigación de índole procesal (...)”, explica Otazú, quien derivó el caso a la máxima instancia judicial para que resuelva el conflicto de competencia suscitado.
Actualmente, la petición está en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez, Luis Benítez Riera y César Diesel (en reemplazo de María Carolina Llanes).