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El juicio planteado por la exviceministra cartista Marta González Ayala contra la directora y un periodista de ABC Color, Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, sigue revelando una serie de documentos que confirman todavía más las publicaciones realizadas por nuestro diario.
Uno de los motivos que impulsó la querella de la exfuncionaria contra nuestros compañeros es que en 2019, ABC Color había publicado que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había entregado un contrato de US$ 3 millones al CIAT para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria “Marangatu” por supuestamente ser la única empresa capaz de realizar los trabajos pero que el contrato había sido tercerizado.
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Exviceministra asegura que no hubo tercerización
La defensa de Marta González Ayala sostiene que no hubo tercerización alguna. Sin embargo, ayer fueron ellos mismos quienes confirmaron la existencia de un contrato firmado entre el CIAT y la empresa panameña Ideati SA.
Nuestro diario había publicado que esta firma había sido la subcontratada para realizar los trabajos.
Ayer el vínculo laboral quedó confirmado por el propio Jacinto Santa María, esposo y abogado de González Ayala.
Entre las pruebas que los propios querellantes expusieron en la jornada de ayer estaba el contrato celebrado el 18 de mayo de 2016 entre el CIAT e Ideati SA.
El contrato tenía como objeto la realización de los trabajos de informática en el proceso de actualización del sistema de gestión tributaria, según lo que leyó el propio Santa María.
Contrato se firmó antes de adjudicación
Un punto llamativo es que el contrato entre CIAT e Ideati fue firmado ya en mayo de 2016, pero el primero fue adjudicado recién en junio de 2016. Es decir, el vínculo se firmó incluso antes de la adjudicación.
Al leer el documento, Santa María expresó que el punto cuatro del contrato establecía el monto del mismo, aunque no leyó la suma establecida por los trabajos.
El abogado de la exfuncionaria cartista insistió varias veces en que el término utilizado era el de empresa “colaboradora”. Ese mismo término fue el utilizado para sostener que no había existido una subcontratación.
Este documento no fue tenido en cuenta por Gustavo Zarza, juez instructor de Contrataciones Públicas, para su dictamen sobre la compra -según sus propias palabras.