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La sala penal integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia deben resolver si ratifican o anulan la decisión de la Cámara de Apelaciones de “mutilar” las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en el emblemático proceso impulsado contra el ex titular del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), Gral. (R) Ramón Benítez y otros acusados por contrabando y otros delitos.
La resolución cuya nulidad solicita el Ministerio Público es el auto interlocutorio N° 295 del 17 de agosto del año pasado, mediante el cual los magistrados Emiliano Rolón, Óscar Rodríguez Kennedy y Cristóbal Sánchez anularon la audiencia preliminar y ordenaron la exclusión de varias pruebas ofrecidas por la Fiscalía, entre ellas las escuchas telefónicas a los investigados.
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Los fiscales Luis Said y Francisco Cabrera solicitan a la Corte que declare la nulidad del fallo recurrido, con el argumento de que es manifiestamente infundado, en base a lo que prescribe el artículo 478, incisos 2º y 3° del Código de Procesal Penal. Además, los fiscales piden a la Sala Penal que confirme el Auto Interlocutorio N.° 334 de fecha 12 de mayo de 2021, dictado por el juez José Agustín Delmás Aguiar, quien elevó la presente causa a juicio oral y público.
“El Tribunal de Apelaciones, al ordenar la exclusión de todas las evidencias de apoyo a la acusación, lo que hizo fue otorgar un sobreseimiento definitivo encubierto, es decir, materialmente, determinó la finalización del proceso, puesto que sin estos elementos probatorios, no se podrá fundamentar suficientemente la acusación, ya que fueron excluidos los principales elementos de convicción que la motivaron”, sostienen los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción en el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia.
Tras Operativo Brillante, se desmanteló el Detave
Este proceso es una derivación del operativo Brillante, ejecutado el 26 de abril del 2019 y que concluyó con la detención de Benítez y 11 funcionarios del entonces Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave). Los demás procesados son Blas Cabañas, Óscar José Samudio, Carlos Alfredo Caballero, Diego Eduardo González, Nelson Dani Dielma, Alan Javier Núñez Colmán, Porfirio Figueredo Vázquez, Luis Carlos Prudhomme, Baldomero Barrios Martínez, Alberto Andriotti Figueredo y Fredy Gauto.
A su vez, José Sebastián Burró Franco, representante de las firmas Ganadera JR SA; Cincuenta y Nueve (59) SRL, de la Distribuidora San José SRL y apoderado de la firma San José Primarias SA, fue acusado por soborno agravado y contrabando.
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Las investigaciones mencionan una supuesta estructura criminal conformada por funcionarios del Detave, quienes al parecer facilitaban el contrabando a cambio del pago sistemáticos de sobornos. La denuncia la había realizado la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando, tras las primeras sospechas de actos corrupción, y una carta anónima que explicaba el esquema de la corrupción aduanera, tras lo cual se puso en marcha una investigación durante la cual se interceptaron las comunicaciones telefónicas de los sospechosos.
La acusación presentada por el fiscal Luis Said incluye además de delitos como cohecho pasivo agravado (coima) y contrabando- la figura de asociación criminal, ya que existen elementos que apuntan a que el excoordinador de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) y titular de Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), Gral. (SR) Benítez tenía toda una estructura para recaudar coimas, en vez de controlar a contrabandistas.
“Estos funcionarios solicitaban a las personas que ingresaban al territorio nacional en forma clandestina productos como frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros, sumas de dinero a cambio de no incautar o realizar la denuncia correspondiente de lo hallado”, indica la acusación, que además menciona que los montos de los sobornos variaban según cantidad y tipo de producto.
Tal fue el escándalo de este caso que el presidente Mario Abdo Benítez dispuso la eliminación de Detave, que ya era considerada más bien una dependencia para coimear que para controlar y dicha consideración encuentra sustento en las indagaciones de la Fiscalía, que apuntan a que Benítez incluso ordenaba escoltar a los que pagaban coima.