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Con el fundamento de que la recusación planteada por el abogado Igor Cáceres “no posee fundamento suficiente”, el Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala de la Capital rechazó el recurso que planteó la defensa del acusado Juan Carlos Turitich Báez y confirmó al juez de Garantías Miguel Ángel Palacios en la causa que investiga la presunta lesión de confianza con los “tapabocas de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
El letrado había recusado al juez de Garantías alegando como causal el inciso 13 del Artículo 5O del Código Procesal Penal, que establece los motivos de excusación y recusación de los magistrados intervinientes en las causas penales. La normativa señala como motivo de excusación de un magistrado “cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia”.
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Sin embargo, los camaristas José Agustín Fernández, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín coinciden que los motivos invocados por el Abog. Igor Cáceres Gallardo no se ajustan en lo más mínimo a lo previsto en el inciso 13 del artículo 50 del C.P.P. y que pudieran ser causal para que el juez Miguel Palacios sea separado de entender en la presenta causa.
“La causal invocada por parte del recusante más bien se funda en una disconformidad con hechos que provienen del Juzgado de Garantías recusado, como resultado de actuaciones procesales provenientes de su función jurisdiccional; se tiene entonces que la recusación deviene totalmente improcedente y fuera del contexto de la ley”, resalta el tribunal de alzada en su fallo.
Juez tiene luz verde para sancionar a chicaneros
Con la resolución del Tribunal de Apelaciones, el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios debe aplicar el artículo 113 del Código Procesal Penal, que señala que “los jueces velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe”.
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Al respecto, el artículo 114 del mismo cuerpo legal estipula que “cuando se compruebe mala fe o se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar hasta con cien días multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos, con hasta cincuenta días multa o apercibimientos”.
En la causa conocida como los “tapabocas de oro” en la Dinac, la audiencia preliminar ya se suspendió en cinco ocasiones a causa de distintos recursos dilatorios presentados por las defensas de los acusados.
Los acusados en la causa son: el extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard, el excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Marcelo Rubén Ovelar González, el exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix, la exgerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez, el exdirector financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma “Proyectos Global SA” Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.
“Esquema delictivo” en la Dinac para compra de los “tapabocas de oro”
Según la acusación presentada por los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.
El Ministerio Público agrega que Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, supuestos representantes de la empresa Proyectos Global SA, tenían conocimiento de antemano acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que ofrecía a la Dinac y completaron el circuito con su presentación de oferta, lo cual se produjo el 27 de marzo de 2020 a las 9:30, en oficinas de la Dinac.
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La acusación resalta que “las ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del mercado y además, las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban vencidas, siendo el daño no solo económico”.