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Ante la inhibición de la ministra Carolina Llanes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que deberá decidir si el juez Raúl Florentín o su colega Humberto Otazú será el encargado de resolver el auxilio judicial presentado por la CBI para que Horacio Cartes comparezca ante el órgano parlamentario, quedó conformada por los ministros César Diésel, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera.
Para atender el pedido de auxilio judicial fue sorteado el juez de Garantías Raúl Florentín. No obstante, este se inhibió para atender la petición con el argumento de que la cuestión planteada cae dentro del ámbito de los juzgados especializados en delitos económicos.
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Con este fundamento, Florentín se declaró incompetente para atender la petición y dispuso la remisión del pedido al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 1, a cargo del juez Humberto Otazú.
Sin embargo, el magistrado también se declaró incompetente para resolver la comparecencia del expresidente Horacio Cartes Jara ante la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y Delitos Conexos.
Otazú argumentó que no corresponde a los juzgados especializados atender peticiones de esta naturaleza, debido a que no se trata de una investigación penal ni un acto investigativo del Ministerio Público, que sí sería de su competencia.
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CBI pide recurrir a la fuerza pública para llevar a Cartes
La Comisión Bicameral de Investigación plantea recurrir a la fuerza pública, de ser necesario, para que el expresidente Horacio Cartes comparezca el próximo 23 de agosto ante el cuerpo legislativo.
En el pedido de auxilio judicial la CBI aclara que la citación al declarado por los Estados Unidos de América como “significativamente corrupto” no es en el marco de un proceso judicial, ya que el mismo es exclusividad de los órganos jurisdiccionales, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.
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Sobre el punto, el cuerpo legislativo precisa que la comisión se creó para investigar los hechos connotados y públicos, a fin de elevar un informe a las cámaras del Congreso.