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El Anexo de referencia, en su numeral VI, establece que sus disposiciones “... serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.
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El canje de los instrumentos de ratificación, según el acta correspondiente, se llevó a cabo en el Palacio de López el 13 de agosto de 1973, 109 días después de que los cancilleres de nuestro país y del Brasil, Raúl Sapena Pastor y Mario Gibson Barboza, lo firmasen en Brasilia.
La puesta en vigencia de un documento de esta naturaleza, de acuerdo con el rito diplomático, se cuenta a partir del día sel canje de los instrumentos de ratificación, por lo que puede concluirse que el plazo que menciona el Anexo C, una de las tres condiciones, vencerá dentro de 365 días, el 13 de agosto de 2023. Sapena Pastor y Gibson Barboza fueron igualmente los firmantes del acta de canje.
Si bien el texto del numeral VI del Anexo C (bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad) menciona que “la revisión” afectará sus disposiciones, no debe ignorarse que el mismo forma parte del Tratado (Art. VI,c) , por lo tanto al “revisarse” este documento se revisa el Tratado. Además, algunos artículos del Tratado, como el XIII y el XIV, guardan una estrecha relación, casi indisoluble, con las disposiciones del Anexo C.
De las premisas expuestas en el párrafo precedente, si los gobiernos de ambos países - especialmente el brasileño - buscan, con algún grado de franqueza, aprovechar esta oportunidad, consagrada en el mismo tratado, para enmendar errores, especialmente aquellos que propiciaron esa irrefutable relación asimétrica favorable al Brasil, en la hora decisiva del aprovechamiento de sus beneficios, no pueden, no deben aislar las “disposiciones del Anexo C” en una suerte de compartimiento estanco.
La estrategia paraguaya no es clara
En cuanto a la estrategia paraguaya, varios sectores de la opinión pública imputan al actual gobierno, en el mejor de los casos, una falta casi absoluta de claridad en la socialización de sus planes, en el peor de los casos, una actitud entreguista, de renuncia a los intereses nacionales.
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Si la estrategia que empleó este gobierno en sus pulseadas con Jair Bolsonaro por la tarifa 2022 de Itaipú fue un polígono de pruebas, hasta con relativo éxito, debe esperarse que ante el desafío 2023 la profundicen y ensanchen.
Mario Abdo Benítez, aún presidente de la República, adelantaba el jueves último que “La tarifa 2022 sirve de antecedente para el 2023″ y tal vez la justificación más sincera de la fórmula que adoptaron con su par brasileño, una tarifa intermedia entre la que defendió su gobierno (US$ 22,60/kWmes) y la que aplicó Brasil (US$ 18,95/kWmes: “Conseguimos que ellos entiendan que era importante construir una estructura financiera para fortalecer al sistema eléctrico paraguayo. Por eso hoy tenemos US$ 150 millones para invertir en nuestro sistema eléctrico, que si se aplicaba directamente el Anexo C no hubiésemos tenido...”
La estrategia 2023, año en que la carga de la deuda en el costo de Itaipú desaparece, tal como lo adelantaron en sus documentos técnicos, será defender, seguramente, la continuidad de la actual tarifa (US$ 20,75/kWmes) o, como una alternativa, otra “tarifa intermedia” entre esta y la que resulte de la aplicación del Anexo C, que rondaría los US$ 15/MWh.
Los gobiernos tendrían ingreso adicional
En las opciones tarifa alta e intermedia, los gobiernos tendrían un ingreso adicional, sobre el costo de producción de Itaipú, con el que, en nuestro caso, financiarían la construcción de obras, como las de infraestructura eléctrica y, obviamente, los más subyugantes: los gastos sociales, porque al evadir los controles de las organismos creados legalmente para el efecto, se transforman en una suerte de presupuesto paralelo o más “gastos reservados” del titular de turno del Poder Ejecutivo.
No debemos ignorar empero los resultados de las inminentes elecciones, tal vez esa es la razón por la que el actual Gobierno reiteró hace unos días a través de su actual canciller (Julio Arriola), planteaba a su par brasileño, enfrascado igualmente en sus propias elecciones, adelantar las negociaciones del 2023.