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Documentos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) demuestran que existió direccionamiento en el proceso licitatorio que terminó con la entrega de un millonario contrato firmado con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
Los papeles fueron exhibidos ayer durante la segunda jornada del juicio entablado por la exviceministra cartista Marta González Ayala contra Natalia Zuccolillo, directora, y Juan Carlos Lezcano, periodista de ABC Color.
Antes del Pliego de Bases y Condiciones
En febrero de 2016, antes siquiera de la existencia de un Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el director de Tecnología de la SET, Luis Corvalán, remitió un memorando a Eva Falcón, entonces directora de Apoyo y Administración y Finanzas de la institución.
La intención de direccionamiento quedó de manifiesto ya en el primer párrafo del documento.
“Me dirijo a usted a fin de remitir adjunto a la presente los Términos de Referencia para la contratación directa del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) a fin de coadyuvar en el proyecto denominado ‘Actualización Tecnológica del Sistema Marangatú e incorporación de nuevas funcionalidades’”, comienza diciendo Corvalán en la nota.
El mismo Corvalán brindó declaración testifical ayer durante el juicio a nuestros compañeros. “Era una sugerencia”, señaló el funcionario público.
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Cuando se le preguntó dónde estaba la sugerencia, Corvalán terminó reconociendo que efectivamente no fue una sugerencia. Al ser insistido si había intención de contratar directamente al CIAT, incluso antes de que se hubiera redactado siquiera el PBC del proceso de compra, el funcionario agregó: “Conforme a ese documento, sí”.
Más adelante en el documento se señala como “fundamental” contar con el CIAT para el proceso de actualización del sistema de gestión tributaria, debido a que el organismo estuvo vinculado a la implementación inicial y en todos los procesos de mantenimiento. Además, adelantaron el precio: US$ 3.100.000. Parecido al que finalmente fue adjudicado.
Millonaria compra
Precisamente el juicio planteado por la exviceministra de Tributación contra nuestros compañeros apunta a que la misma habría sido difamada por una serie de publicaciones realizadas sobre este proceso de compra.
En concreto, nuestro compañero había publicado que se utilizó una supuesta “urgencia impostergable” para utilizar la vía de la excepción y entregar el contrato de US$ 3 millones al CIAT.
Las publicaciones habían revelado la existencia de protestas por parte de firmas paraguayas por supuesto direccionamiento y que los mismo técnicos del CIAT redactaron el informe en el que se basó el PBC que luego los beneficiaría.
El mismo Corvalán reconoció que fue él quien redactó las especificaciones técnicas del pliego y que esa redacción “es copia” del informe realizado por Francisco Murillo, asesor del CIAT, organismo que se haría con el contrato.
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“Empresa que queríamos”
Roberto Castillo, también funcionario de la SET, reconoció que desde un principio el interés fue contratar al CIAT.
“La empresa que todos queríamos era obtener el concurso del CIAT. No vamos a negar que siempre es un interés por la experiencia que tienen sobre el sistema Marangatú”, señaló Castillo
Estas afirmaciones del funcionario de la SET fueron en respuesta a una pregunta realizada por Ricardo Preda, quien apareció desde la semana pasada como abogado de la querellante Marta González Ayala.