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La defensora general Lorena Segovia manifestó que dentro del Ministerio de la Defensa Pública plantearán la creación de la “Defensoría de Víctimas”, una unidad especializada para acompañar a las personas afectadas por casos de trata de personas y abuso sexual infantil.
La propuesta nace tras la culminación del proyecto Atlas, enfocado en fortalecer las capacidades institucionales en los temas de trata de personas, trabajo forzoso y trabajo infantil. El plan duró tres años y fue financiado por el departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
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“La Defensoría de Víctimas trabajaría en el ámbito penal, representando y asesorando a la víctima en determinados hechos punibles, en este caso trata de personas y abuso sexual infantil. No va a ser para todos los hechos punibles, sino para aquellos cuyo impacto personal y social tiene una gran relevancia”, refirió Segovia.
De esta manera la víctima podría plantear querellas sin la necesidad de pagar por los servicios de un abogado privado. “Lo que se le ofrece desde la creación de la unidad especializada, es una asesoría y una eventual representación gratuita”, indicó la funcionaria de Estado.
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Actualmente solo las personas imputadas o acusadas tienen la posibilidad de recurrir a los servicios de la defensa pública, no así las víctimas.
¿Qué implica la creación de una Defensoría de Víctimas?
En primer lugar, para crear la unidad especializada propuesta por la ministra es necesario la modificación de la Ley 4423 Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública. Posteriormente se incluirían los recursos humanos y financieros, que podrían representar G. 5.000 millones, según comentó Segovia.
“Debería ser una unidad que progresivamente se vaya sumando. En un primer momento poníamos la posibilidad que sean cinco defensores y defensoras. A las vez, deben tener sus unidades, funcionarios, equipo técnico y que se vaya haciendo de forma progresiva”, explicó.
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De acuerdo a Segovia, la Defensoría de Víctimas tendría un rol similar al que desarrollan los 18 defensores públicos en el marco de la Ley 5777 de “Protección Integral a la Mujeres contra todo tipo de Violencia”.
Proyecto Atlas en Paraguay
El proyecto Atlas tiene un alcance global, según su coordinadora a nivel país, Andrea Ingolotti, y fue desarrollado en Argentina, Liberia, Tailandia y Paraguay. La inversión para estos países fue de US$ 8.800.000 y buscó que las instituciones del Estado, encargadas de atender a los problemas de trata de personas, trabajo forzoso y trabajo infantil, logren una mejor aplicación laboral y penal.
Según Ingolotti, en Paraguay la principal debilidad fue la falta de articulación interinstitucional para un abordaje conjunto de las problemáticas mencionadas, lo que pudo ser subsanado mediante capacitaciones a funcionarios públicos a lo largo de tres años.